La Inmobiliaria y Constructora San Antonio comunicó este miércoles que activó la solicitud de desalojo del terreno de más de 200 hectáreas en la que se encuentra instalada la megatoma de San Antonio, que comprende alrededor de 10.000 habitantes.
De acuerdo a un comunicado, la empresa confirmó que activaron la solicitud de desalojo dispuesto por el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema.
La acción había sido aplazada a través de una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda para acordar un mecanismo para que los pobladores pudieran comprar el terreno a estos propietarios. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo ni en el precio ni en las condiciones de la compra.
"Nos condolemos de las familias que esperaron una solución a su problema habitacional, pero el gobierno no puede pretender que los privados financiemos, a costa de nuestro patrimonio, una política habitacional", señaló la empresa.
Asimismo, explicó que "aceptamos postergar el desalojo con la instalación de una mesa técnica, a través de la firma de un protocolo, pero este documento desde un inicio fue letra muerta".
"Este protocolo estipulaba que se debía llegar a acuerdo en el precio, en las condiciones de venta y en una garantía. Jamás hubo una entidad dispuesta a financiar la operación; de la garantía, el ministerio ahora declara que es imposible que sea entregada; y sobre el precio no ha habido negociación alguna. El ministerio solo quiere que los propietarios accedamos al precio que las familias puedan pagar, más allá de los valores comerciales y de nuestros legítimos intereses", sostuvo.
Igualmente, la empresa lamentó que "hoy se desdigan de todo lo que dos ministros de Estado firmaron en febrero. Todo este proceso -al final de cuentas- fue conducido por el ministerio para ganar tiempo, levantando falsas expectativas tanto para los tomadores del terreno como para los propietarios".
"Hoy quiere ponerse el foco en el precio, haciendo aparecer a los privados como intransigentes, por no querer rebajar hasta el absurdo el valor de su terreno", aseguró, y agregó que "esperamos que impere el Estado de Derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad".
El asentamiento se encuentra en el Cerro Centinela desde el 2019, donde se estima que viven alrededor de 10.000 personas o cerca de 4.000 familias.
En el informe técnico de la mesa de trabajo –que no logró acuerdo- se solicitaba que en el caso de concretarse un desalojo, se les diera un plazo de tres meses a los habitantes para prepararse.
Hasta el momento, el Ministerio de Vivienda no se ha referido a la decisión de la inmobiliaria.
