Cordero: Desde el 2021, Chile ha detenido a más de 300 personas vinculadas al Tren de Aragua

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a esto, en materia de cooperación con Venezuela, advirtió que no ha visto "ninguna aplicación práctica" en el caso del convenio que firmó el exsubsecretario Manuel Monsalve en el país caribeño.

"No serían posibles los resultados en el caso Ojeda sin los trabajos y detenciones previas", analizó también la autoridad.

Cordero: Desde el 2021, Chile ha detenido a más de 300 personas vinculadas al Tren de Aragua
 ATON (archivo)

"Cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición", enfatizó Cordero.

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El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró este martes en Cooperativa que, desde el 2021, en Chile se "ha detenido a más de 300 personas vinculadas al Tren de Aragua", lo que demuestra el trabajo de las policías y la justicia nacional por evitar la expansión y perseguir a los integrantes de esta peligrosa banda criminal de origen venezolano.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad destacó los avances que se han dado en relación a esta organización criminal transnacional, sobre todo lo que tiene relación con el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

"Creo que esto es uno de los grandes desempeños que ha tenido el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI)", afirmó Cordero, que de todas maneras advirtió que "sería mezquino no reconocer los trabajos previos que se han venido desarrollando" en esta materia, con un trabajo focalizado contra este tipo de organización desde el 2021.

Según afirmó el exministro de Justicia, "no serían posibles los resultados en el caso Ojeda sin los trabajos y detenciones previas que ya había desarrollado la PDI, Carabineros y el Ministerio Público" para evitar la expansión.

"Desde el 2021 hasta la fecha, el país ha detenido a más de 300 personas vinculadas a esta organización. Entre ellas existen vínculos, como está tratando de acreditar el Ministerio Público. Varios de ellos ingresaron entre el 2017, 2018, y 2019 por pasos regulares", reveló el líder de seguridad del país.

De todas maneras, dio cuenta que, aunque "los cabecillas de esta organización ingresaron regularmente, cuando comienza la persecución penal en Chile muy intensamente abandonaron el país".

"En términos sencillos, lo que quiero decir es que cuando se ven resultados como estos, son frutos de trabajos previos y, claro, son difíciles de percibir con anterioridad. Pero yo creo que los chilenos y las chilenas tienen que estar tranquilos, ya que cuando se desbarata una organización de este tipo, ha pasado un tiempo e inversiones muy significativas de trabajo por parte de las policías y el Ministerio Público para lograrlo", puntualizó Cordero.

La posible intervención del régimen de Maduro

El subsecretario también abordó la presunta participación de Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, en el asesinato de Ronald Ojeda, y la opción de que Chile acuda a la Corte Penal Internacional (CPI) por este caso.

"La competencia de la Corte es una complementaria, es decir, la Corte interviene respecto a los delitos que es competente cuando en los países en los que se cometen estos ilícitos, estos no son juzgados. Chile está juzgando y está persiguiendo el crime", aclaró el abogado.

De todas maneras, aseguró que el rol de la CPI es relevante, dado que "hay una investigación contra Venezuela y sus altos dirigentes" en esta instancia, de la que Chile "ha sido un incondicional de la misión para indagar los delitos de violación de derechos humanos".

"Chile ha apoyado incondicionalmente el desarrollo de la misión y los antecedentes de la misión han sido clave o serán clave para el caso que se lleva ante la Corte Penal Internacional", puntualizó en Cooperativa.

Finalmente, al ser consultado sobre la opción de que Diosdado Cabello pueda ser juzgado en Chile, Cordero indicó que "cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición".

"Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio cualquiera sea el lugar donde ocurra. No solo tiene una dimensión seria desde el punto de vista de las relaciones internacionales, a lo cual le corresponde pronunciarse la cancillería, sino que también desde el punto de vista de una grave violación de derechos humanos", cerró la autoridad.

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