A poco más de un mes de la apertura de sumarios a funcionarios del Gobierno central por viajar al extranjero mientras cumplían con licencia médica, un balance preliminar del Ministerio de Hacienda arrojó que existen más casos que los inicialmente detectados por la Contraloría.
Si bien la mayoría de las indagaciones siguen en desarrollo, el Ejecutivo entregó un primer informe este viernes, el cual indica que el número de involucrados en la administración del Estado pasó de 7.990 a 8.814 personas.
La cantidad de sumarios también aumentó, de 6.592 procedimientos contra funcionarios públicos abiertos inicialmente, a un total preliminar de 7.926.
Asimismo, desde que estalló el escándalo, los funcionarios que dejaron sus labores pasaron de 1.102 a 1.468 personas, aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo desconocer cuántas de ellas fueron despedidas, y cuántas renunciaron.
"Es posible que haya algunos casos de funcionarios que habían salido y no fueron detectados en el primer recuento, pero es muy probable que haya un número importante de funcionarios que salieron en atención a que se iniciaron los sumarios y este conjunto de investigaciones", estimó el secretario de Estado.
A la vez, recalcó que "el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente, porque hay sanciones económicas -la devolución de los fondos- y también, eventualmente, situaciones penales de fraude al fisco, que tienen que seguir su curso procesal".
Perjuicio fiscal roza los 11 mil millones de pesos
En tanto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sostuvo que hasta ahora, y en base a la duración promedio de las licencias fraudulentas y la media de ingresos de los sumariados, el perjuicio al bolsillo fiscal roza los 11 mil millones de pesos.
"La duración promedio de las licencias involucradas, según lo que nos han reportado los servicios públicos, es de 18,9 días, y considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estima -preliminarmente- que los funcionarios a los que se imparte sumarios recibieron 10.938 millones en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia", detalló la autoridad.
Por otro lado, Marcel adelantó que el proyecto de ley de reforma al subsidio de incapacidad laboral llegará al Congreso a inicios de la próxima semana, pero no reveló si incluye medidas en relación con este escándalo.
Algunos abogan por que, por ejemplo, la futura normativa tipifique como motivo de destitución el uso fraudulento de licencias en el estatuto administrativo, o bien, equipare la exigencia para el pago de permisos entre los sectores público y privado.
Parlamentarios piden sanciones y reforma legal
El senador socialista Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, enfatizó la urgencia de avanzar en sanciones. "No basta decir 'aquí están', sino cómo se resuelve esto para que nunca más vuelva Chile a vivir esta vergüenza nacional de tener gente hoy usando un derecho social como es el pago por los días no trabajados", declaró, exigiendo la restitución de los fondos mal habidos.
En paralelo, la senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional), presidenta de la Comisión de Constitución, se refirió a las futuras medidas para combatir el mal uso de licencias.
Ante el próximo ingreso al Parlamento de la reforma al subsidio de incapacidad laboral, y el llamado de la Asociación Chilena de Municipalidades para modificar la norma que establece el pago íntegro de sueldos a funcionarios públicos —recayendo el reembolso en el empleador con Isapre, Fonasa o Caja de Compensación—, la legisladora señaló: "Es evidente que siendo las municipalidades instituciones autónomas sean las que tienen que hacerse cargo del control de sus propios funcionarios".
Sin embargo, también abogó por que el Gobierno central, a través de organismos como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), "avance en mayores controles respecto del pago de las licencias médicas".
