La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno de Kast vio despachada su primera ley: el aumento del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas para la detención de sospechosos de un delito.
La moción parlamentaria, a la cual se asignó urgencia por parte del Ejecutivo, tuvo el visto bueno unánime de la Cámara Baja esta jornada tras su paso por comisión mixta, lo que fue valorado por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
"Esas 24 horas son especialmente claves cuando se trata de delitos de alta connotación social y de menor complejidad. Estoy pensando en los robos, los portonazos y los abordazos", dijo.
"Las policías necesitan tener mayores facultades de actuación autónoma. No puede ser que nuestro Código les exija estar pidiéndole una autorización al fiscal para la realización de un conjunto de diligencias que son casi obvias, y que no nos llegue la información a la Fiscalía cuando los bienes ya fueron vendidos en una feria libre o se encuentran en el extranjero", expresó el persecutor.
La iniciativa mantiene mantiene en 12 horas el período de flagrancia para la detención realizada por particulares, mientras que para Carabineros, PDI y Gendarmería se sube a 24. En cuanto a la Policía Marítima, se incrementó a 48.
Además, "le permite a las policías requerir a los dueños o encargados de sistemas de televigilancia y a los testigos -en caso de flagrancia- la entrega voluntaria de los registros o de otro tipo, captados por aquellos si son útiles para la detención y el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus responsables", agregó el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Respaldo unánime y transversal a la normativa
El respaldo unánime y transversal a la iniciativa quedó reflejado en las declaraciones de los diputados Enrique Basaletti (Republicanos), Jaime Mulet (FRVS) y Lorena Fries (FA).
"Muchas veces la persecución penal se frustra por la imposibilidad de un acto material, (por ejemplo) si está lejos o al testigo le ha costado encontrarse con la evidencia (...). Esto ayudará a ser más eficiente y eficaz", destacó Basaletti.
En la misma línea, Mulet señaló que "hay situaciones coyunturales que, por la extinción del plazo, muchas veces encontrando a las personas directamente involucradas en el hecho no pueden ser detenidas de inmediato".
Por último, Fries indicó que, "en las regiones, las distancias que tienen que recorrer las policías no siempre cuadran con las 12 horas que había inicialmente de flagrancia".
Tensión por levantamiento administrativo del secreto bancario
En cuanto al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Financiera -que, no obstante, no está contemplado en la ACOT-, todavía persiste en la comisión mixta el nudo entre la oposición y el oficialismo sobre levantar el secreto bancario sin autorización judicial.
A la discusión, además, surgió otra preocupación sobre la actual Ley Fintech, manifestada por el senador PC Daniel Núñez.
"Apareció hace una semana atrás la noticia de cómo el Tren de Aragua sacó varios cientos de millones de pesos de Chile con una criptomoneda que creó. Lamentablemente, cuando votamos en el Congreso y analizamos la ley Fintech, no teníamos conciencia de cómo el crimen organizado usa el sistema financiero, que es lo que busca justamente combatir esta ley de inteligencia económica", sostuvo.
"Tengo una propuesta de indicación para abordar ese tema del beneficiario final de una criptomoneda y de una empresa Fintech, y así poder prever el uso por organizaciones criminales", adelantó el parlamentario opositor.
Ante esto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, aseguró: "La vamos a estudiar. Todo el tema de la regulación de criptoactivos, sobre todo con la tecnología y lo rápido que va cambiando, puede ser algo un poquito más complejo. Tiene toda una serie con los intervinientes, con los exchanges, con cómo se monta todo el sistema también dentro del blockchain".
Polémica por intento de eliminar lenguaje inclusivo en proyecto que moderniza Carabineros
En paralelo, la Sala del Senado despachó a su segundo trámite el proyecto que moderniza el sistema de incentivos a Carabineros, y si bien la idea matriz obtuvo un amplio respaldo, se rechazó un artículo incluido por el Gobierno para suprimir las alusiones a 'ministros y ministras' y 'subsecretarios y subsecretarias', reemplazándolas con sustantivos masculinos.
Desde la oposición, la senadora comunista Claudia Pascual dijo lamentar mucho que "se haya propuesto cambiar un lenguaje inclusivo que no hace daño a nada ni nadie, y además, hace mucho tiempo que se hacen así las leyes para los servicios y ministerios".
Su par del Frente Amplio Beatriz Sánchez se preguntó si esta idea "tiene alguna relación con masculinizar a Carabineros", pues de ser el caso "sería un error, ya que en la Región del Maule -por ejemplo- la jefa es una generala. Es más: (en la sesión) nos acompaña la subsecretaria de Seguridad, que de aprobarse esto, se le empezará a decir subsecretario".
La propuesta del Gobierno tampoco fue bien recibida por todo el oficialismo, ya que las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica (ambas de RN), así como el UDI Iván Moreira, votaron en contra.
Por último, el proyecto Antibarricadas 2.0 -que sanciona el corte de calles, la suspensión del tránsito y del Metro-, fue despachado desde la Comisión de Seguridad de la Cámara. En este contexto, la diputada FA Tatiana Urrutia criticó que "el Gobierno y el oficialismo se han negado a dejar afuera las manifestaciones pacíficas fuera del castigo. Esto devela que, bajo la ACOT, meten proyectos para buscar otras cosas. Buscan restringir el derecho a manifestarse".
