El Presidente José Antonio Kast salió a responder este martes a los cuestionamientos de la oposición frente al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo.
Las críticas califican la propuesta como un peligroso paso hacia el autoritarismo, apuntando al impacto que tendría sobre los derechos civiles y el equilibrio de poderes.
Frente a estas imputaciones, y durante un discurso en la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social, el Mandatario descartó cualquier derivación antidemocrática en la iniciativa e instó a concentrar la discusión en el trabajo legislativo.
"¿En algún momento quien habla no ha respetado los resultados electorales? ¿Alguna vez alguien podría decir que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? ¿Acaso he censurado algún medio de comunicación? Nada de todo eso ha ocurrido, pero siempre va quedando la sospecha y se van generando especies de mitos", sostuvo Kast, que agregó que "lo importante son los hechos".
"Algunos podrán molestarse —y es legítimo— cuando uno plantea un estado de emergencia como el que estamos planteando ahora, pero lo que planteamos es un debate parlamentario. Por eso es tan importante cuidar los dichos y no caricaturizar", enfatizó el Jefe de Estado.
Cuestionamientos por concentración de facultades y "antesala autócrata"
Las objeciones a la reforma de seguridad se han concentrado principalmente en las atribuciones que otorgaría a la figura presidencial.
En opinión del diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, el proyecto supone "un paso peligroso a un Gobierno iliberal, y un Gobierno iliberal es la antesala de un Gobierno autócrata y autoritario".
"Esta reforma constitucional nos parece innecesaria. Se puede avanzar con los más de 30 proyectos de ley que están propuestos. ¿Por qué abrir hoy día un tercer proceso constitucional? Esta no es una reforma constitucional minimalista; es una reforma constitucional que va a aspectos de fondo", cuestionó el timonel.
En la misma línea, el diputado y subjefe de bancada del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, alertó que La Moneda "está dando un paso totalmente equivocado y peligroso".
"El Gobierno prometió solucionar los temas económicos y van en retroceso; prometieron soluciones a la seguridad y proponen autoritarismo. Y cuando no les gusta la Constitución —porque la ley que ellos están proponiendo la pueden considerar inconstitucional, en vez de modificar la ley y ajustar a la Constitución— deciden reformarla. Esa es una señal clara y manifiesta de que son unos autoritarios", fustigó el congresista.
El también diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, se preguntó: "¿Qué impide que en lo sucesivo, una organización territorial, un partido político o una corriente de pensamiento se declaren como organización criminal?".
"El Presidente de la República puede, por sí y ante sí, decretar estado de excepción en una población de nuestro país durante ocho meses sin que nadie lo controle. Si eso no es socavar la institucionalidad, o el desarrollo de una democracia iliberal, que conculca las garantías de las y los chilenos, no sé cómo se pueda llamar", remató.
Senador Walker advierte: "Así mueren las democracias"
Desde la Cámara Alta, en tanto, el senador Matías Walker (Demócratas) fue tajante en su postura: "No cuenten con mi voto para esta locura, porque así mueren las democracias: estableciendo estados de excepción que pueden durar ocho meses sin autorización del Congreso, en los que se restringen las libertades individuales, y se pueden hacer interceptaciones telefónicas".
Por lo demás, advirtió que no está garantizado que esta última medida solo aplique a "entidades propias del crimen organizado o el terrorismo", como justifica el Gobierno, "porque el estado de excepción quedó muy amplio" en el proyecto.
El senador Pedro Araya (PPD) aseveró que "pareciera ser que hay una serie de tintes antidemocráticos y claramente iliberales, particularmente en el hecho de que el Presidente pretende que se otorgue un estado de excepción constitucional que no tiene ningún tipo de control, donde además se pueden interceptar todo tipo de comunicaciones, sin definir claramente respecto de quién se intercepta, qué es lo que se está interceptando y qué es lo que se quiere lograr con esa interceptación".
Desde el PC, el senador Daniel Núñez recordó que "el país está viviendo un momento muy complejo, una serie de libertades están en peligro y desde ese punto de vista veo que estamos llegando a una situación límite si es que esto se llegara a aprobar".
En contraste, el senador y timonel republicano, Arturo Squella, respondió a Walker aseverando que "la locura es taparse los ojos y no tener a la vista las personas que en este minuto son víctimas en Coquimbo, en La Serena y en todas las ciudades del país del efecto del crimen organizado y del narcotráfico".
"Uno puede ponerse del lado de las víctimas, o ponerse a cautelar los derechos de los presos. Y hoy contamos con un Presidente que está sometiendo a discusión del Congreso Nacional cambiar las reglas del juego", insistió.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) matizó que "la reforma de seguridad es importantísima, pero no necesariamente requiere reformas constitucionales. Es algo que se va a discutir".
Los puntos centrales del proyecto del Ejecutivo
La reforma, que ingresó formalmente a través del Senado, contempla un conjunto de medidas orientadas al combate contra el crimen organizado y el terrorismo, entre las que destacan la inhabilitación, mediante ley de quórum calificado, de prestaciones sociales (salud, educación, participación en sindicatos y seguridad social) para condenados hasta por 15 años después de cumplida la pena.
El texto también otorga la facultad al Presidente de la República para declarar a una entidad como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Además, crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública, aplicable ante una "calamidad y amenaza grave e inminente o afectación grave de la seguridad" y que el Ejecutivo podría extender hasta por ocho meses antes de requerir la aprobación del Congreso, otorgando facultades para suspender libertades de locomoción y personal, así como para interceptar, abrir o registrar comunicaciones.
Paralelamente, el Gobierno impulsa iniciativas como una nueva ley anti-barricadas que busca penalizar interrupciones de tránsito (incluido el Metro). Según precisó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, bajo este esquema el derecho a manifestarse debería ejercerse principalmente en plazas, parques o recintos privados.
"Lo que está estipulado (en la norma actual) es muy complejo de probar: que hubo violencia, que se usaron otros métodos, que se cortó completamente el tránsito. Estamos postulando es que no existe un corte de la libertad de tránsito, un corte de ruta o línea de Metro que sean pacíficos, siempre son violentos, y queremos que se tipifiquen dentro de la barricada. Si usted se manifiesta en la vereda, en la plaza, en su casa o donde quiera, por supuesto que lo puede hacer", argumentó la autoridad.
