Diferencias acumuladas entre 2020 y 2024 se reflejarían en las boletas de abril.
La decisión responde a solicitudes de parlamentarios y distribuidoras, en medio del alza de los combustibles.
Las empresas eléctricas no podrán comenzar a cobrar ni abonar las diferencias tarifarias acumuladas entre 2020 y 2024 sino hasta julio de 2026.
Así lo instruyó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que originalmente tenía previsto que estos ajustes se reflejaran en las boletas a partir de abril de este año.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que "después de tener reuniones con los diputados de la Comisión de Minería y Energía, de escuchar a los senadores y además de trabajar y recibir la solicitud de las compañías distribuidoras, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha sacado una resolución postergando la instrucción de reliquidación y cobro a todas y a todos".
"Queremos transmitir que estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda pero que no sea una carga más para cada uno de los hombres y mujeres de nuestro país", enfatizó la ministra Rincón.
El proceso corresponde a lo que establece la normativa vigente del Valor Agregado de Distribución (VAD): cuando existe una diferencia entre lo que las empresas efectivamente cobraron durante un período y lo que debían cobrar según las fórmulas tarifarias definidas, esa diferencia debe ajustarse.
En este caso, el ajuste puede implicar tanto cargos como abonos en la cuenta de luz, dependiendo de cada cliente.
La SEC aclaró que la postergación no elimina la obligación legal de hacer la reliquidación, sino que traslada su aplicación ante "circunstancias excepcionales", con el objetivo de proteger a los hogares en el actual contexto económico.
La decisión se tomó tras recibir solicitudes de parlamentarios de la Cámara y el Senado, junto a la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quienes pidieron postergar el proceso dado su posible impacto en las familias.
El gremio de las empresas eléctricas explicó que "este es un proceso que, si bien es técnicamente complejo, se da además en un contexto caracterizado por condiciones internacionales cuyas repercusiones están incidiendo en el mercado chileno".
"Es por ello que estimamos que esta solicitud está en línea con el interés público, resguardando tanto la certeza regulatoria como la adecuada protección de los clientes.
Adicionalmente, creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país", indicaron.
Los montos se distribuirán en cuotas, bajo las condiciones previamente establecidas. Estas consideran mecanismos para evitar sobrecargas, especialmente en los casos donde las cuotas representen un porcentaje significativo del gasto mensual del cliente.
La superintendenta Marta Cabeza señaló que la medida "permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares".
La medida de la SEC se conoce en un momento de fuerte presión económica para los hogares. Desde este jueves 26 de marzo rigen los nuevos precios de los combustibles en Chile, en lo que expertos y autoridades han calificado como uno de los mayores ajustes de las últimas décadas: la bencina de 93 octanos subió $392 por litro y el diésel $580.
El alza responde al aumento del precio internacional del petróleo en el marco del conflicto en Irán, según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien también apuntó a probelmas en las finanzas públicas.
