El fallo mantiene el artículo de la megarreforma que obliga a restituir sin costo los servicios básicos suspendidos por no pago en zonas afectadas por desastres.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este martes, por nueve votos contra uno, el requerimiento presentado por el Gobierno contra el artículo 31 de la megarreforma, que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La decisión representa un revés para el Ejecutivo y mantiene en el proyecto la disposición que beneficia a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas cuyos suministros hayan sido suspendidos por no pago antes o durante la emergencia.
La norma establece que las compañías deberán reponer el agua potable y el alcantarillado en un plazo máximo de 24 horas, mientras que para los servicios de electricidad y gas fija un límite de 48 horas, contadas desde la solicitud del usuario.
Además, la reconexión deberá realizarse gratuitamente y sin exigir el pago previo de las deudas.
En representación del Presidente José Antonio Kast, el abogado Joaquín Palma sostuvo durante la audiencia que la disposición impulsada por la oposición se encontraba fuera de las ideas matrices de la iniciativa del Ejecutivo: "Reconectar en catástrofe se podría relacionar con reconstruir, no lo niego, pero ese vínculo es meramente semántico", planteó.
El argumento coincidió con lo planteado previamente por ministros de Estado, quienes defendieron la decisión del Gobierno de acudir al organismo.
El jurista también aseveró que los plazos fijados para restituir los suministros podían implicar un riesgo para la vida y la seguridad de los trabajadores y clientes, especialmente en zonas afectadas por incendios u otras emergencias.
"Como bien es sabido, impone un plazo único de 48 horas para reconectar electricidad y gas, ignorando que, por ejemplo, la normativa sectorial actual exige para el gas verificación de red y de las instalaciones interiores cliente a cliente previa reconexión, para evitar riesgos de explosiones o fugas. Este plazo fuerza a los trabajadores cuadrilleros de las empresas a reponer los servicios básicos bajo presión, arriesgando su propia integridad y su vida, y no solo la de ellos, sino que también las de las comunidades", profundizó Palma.
Sin embargo, el pleno del TC desestimó el requerimiento por una amplia mayoría, y mantuvo vigente el artículo aprobado por el Congreso.
El recurso había generado cuestionamientos dentro del propio oficialismo, aunque el Presidente Kast afirmó que "lo importante" era que el Gobierno actuaba de manera coordinada.
La resolución despeja uno de los últimos obstáculos para que el Mandatario pueda promulgar la megarreforma, cuyo despacho permanecía pendiente de la determinación del tribunal.
La senadora comunista Karol Cariola, que propuso el artículo impugnado, consideró que el fallo "es un acto de justicia para las familias chilenas que han tenido que enfrentar situaciones de catástrofe y dolorosas".
"La norma que logramos incorporar era lo más próximo a la reconstrucción", destacó la parlamentaria, aludiendo al nombre formal del proyecto del Ejecutivo.
Por su parte, el diputado y timonel PPD, Raúl Soto, insistió que el requerimiento del Gobierno "da una muestra de inhumanidad que lamentamos bastante", y por tanto, valoró lo resuelto por el TC.
