Parlamentarios del oficialismo coincidieron con las empresas de distribución de suministro de gas, luz y agua, luego de la ratificación del Tribunal Constitucional (TC) de la norma sobre reposición gratuita de los servicios básicos en 48 horas en situaciones de catástrofe.
Las empresas concesionaras de distribución de gas natural y de servicios sanitarios manifestaron este martes su preocupación por las complejidades técnicas y los riesgos operativos derivados del fallo del TC, argumentando que la norma impone plazos perentorios y gratuitos de conexión que son "imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas", señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés Simon.
Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, José García Ruminot,advirtió que la aplicabilidad de la medida debe subsanarse, por lo que el Ejecutivo evalúa redactar una "norma reparatoria" a través de una ley corta.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) planteó que "esta fue una legislación que se metió un poquito por el lado en el contexto de la megarreforma. No se abordó con dedicación, con un escuchar expertos, por tanto, ahora lo que corresponde es abrir una agenda legislativa rápida, expedita, que haga viable lo que en definitiva quedó aprobado en la megarreforma. Las empresas ya han manifestado que las 48 horas les parece que podría generar un problema y es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo".
No obstante, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara Baja, estimó que una "ley corta" podría ser inviable desde el punto político.
"Primero (hay que) reconocer que estaba la opción del veto y en el Gobierno se tomó otra decisión. No estaríamos en este problema si se hubieran acordado llamar al ministro Alvarado; más que avisarle —porque Alvarado tiene mucha experiencia en esto— yo creo que había que consultarle la mejor vía para solucionar este problema en la ley. Dado que el Tribunal Constitucional lo rechazó, yo veo poca viabilidad para que se consigan los votos para una ley corta", aseveró.
Biministro Alvarado: Respetamos y acatamos el fallo del TC
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la situación y prefirió dejar a un lado las diferencias: "Fue una acción y una decisión del gobierno de presentar el requerimiento. Ese requerimiento fue rechazado y nosotros respetamos y acatamos el fallo del Tribunal Constitucional".
En una línea similar, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, apuntó que "no son los tiempos para iniciar un nuevo debate. Al Gobierno de Chile no le corresponde hablar por las empresas. Acá hay una regulación que está establecida en la ley".
"Entiendo que hay una circunstancia fáctica que dificultaría su implementación, pero no es algo respecto del cual el Gobierno en este momento tenga posición. Hoy día lo que nos preocupa es, cuanto antes, continuar los trámites para la promulgación de dicha reforma, que es muy relevante", sostuvo.
Senadora Cariola (PC): No vemos espacios para generar modificaciones a la norma
Por otro lado, desde la oposición, la senadora Karol Cariola (PC), una de las impulsoras del artículo, señaló que "la norma está bien hecha, que el efecto que tiene es uno acotado a los estados de emergencia, a los estados de excepción, que acá nadie va a abusar de una norma de estas características como lo han querido plantear las empresas".
"Por lo tanto, no vemos realmente espacio para generar modificaciones a una norma que acaba de ser aprobada en el Congreso Nacional. Si el Gobierno pretende iniciar una nueva legislación al respecto, entonces bueno, tendrán que darse todos los debates y hacer el camino que corresponda; sin embargo, creo que nuevamente cometerían un error", advirtió.
