El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó este lunes que interpuso una querella contra 47 personas y empresas que no declararon ingresos por ventas con medios de pago electrónicos entre los años 2020 y 2022, a las que atribuyó un perjuicio fiscal de más de 5 mil millones de pesos.
A través de un comunicado, el organismo detalló que se pudo "monitorear el comportamiento de estas 47 personas jurídicas y naturales que tenían la calidad de usuarios de las máquinas de procesamiento de pagos, es decir, que utilizaban dichos dispositivos electrónicos para canalizar el pago por las ventas de bienes o prestaciones de servicios que realizaban".
"De esta manera, se logró determinar que diversos contribuyentes evadieron el Impuesto a las Ventas y Servicios que gravan las operaciones comerciales que realizaron y cuyos pagos asociados fueron canalizados mediante los dispositivos electrónicos mencionados, durante los años comerciales 2020, 2021 y 2022", complementa la misiva.
El SII también acreditó que algunos contribuyentes "subdeclararon u omitieron los ingresos que generaron a partir del uso de dichos dispositivos de pagos, evadiendo, por lo tanto, el Impuesto a la Renta que debían declarar".
Los delitos detectados "originaron un perjuicio fiscal total de $4.934.937.218, por conceptos de IVA y Renta, calculado a septiembre de 2025".
"Con estos antecedentes, durante los años 2023 a 2024, el Servicio presentó tres denuncias para solicitar la investigación del Ministerio Público, organismo que corroboró las irregularidades tributarias detectadas por el Servicio, lo que derivó en la formalización de 47 personas, este lunes 15 de septiembre", puntualiza el escrito.
"Estamos incentivando la formalización de actividades"
La directora (s) del SII, Carolina Saravia, explicó que los "imputados, aprovechando que el periodo analizado no existía la obligación expresa para los proveedores de medios de pago de exigir la acreditación del inicio de actividades ante el Servicio, operaban sin declarar sus ingresos, evadiendo los impuestos correspondientes".
Tras la presentación del requerimiento, destacó: "El trabajo del SII para combatir la evasión de impuestos y emparejar la cancha para quienes cumplen correctamente sus obligaciones tributarias, ha contribuido a la generación de diversos cambios legales, como la obligación, a partir del 1 de octubre, de acreditar que cuenten inicio de actividades quienes deseen prestar servicios al Estado y las Municipalidades, operar con medios de pago electrónicos, vender sus productos o servicios a través de marketplaces, o realizar operaciones comerciales con instituciones bancarias".
"De esta forma, estamos incentivando la formalización de actividades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de manera justa y equitativa, entre todos los contribuyentes de nuestro país", valoró Saravia.
Por su parte, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, indicó que el organismo "cuenta con múltiple información respecto de los vendedores y prestadores del servicio, sus transacciones y las comisiones que pagan, lo que nos permite detectar cuándo las operaciones no están cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes y la emisión de los documentos tributarios al respecto".
"En ese sentido, cabe destacar también la importancia de que el 01 de octubre entra en vigencia una nueva obligación para las plataformas electrónicas y marketplace de exigir a los contribuyentes que quieran operar con ellos el inicio de actividades como requisito ineludible para tal efecto".
"Da cuenta de que el Servicio va en serio"
El abogado tributario Gonzalo Ferraz de Andrade destacó la presentación de las querellas "porque da cuenta de que el Servicio va en serio, que lo más probable es que en muchos casos los contribuyentes estén formalizando y regularizando sus situaciones, y en casos donde se haya cometido delito tributario, el Servicio presente las acciones".
"Esto en el contexto de un ánimo de que los contribuyentes regularicen sus situaciones, presenten sus declaraciones y paguen sus impuestos", agregó.
En tanto, el abogado tributario Patrick Humphreys aseveró: "Si uno lo divide por los tres años tributarios que se están persiguiendo, los 47 contribuyentes, uno llega a la conclusión de que son aproximadamente 33 millones de pesos o 35 millones de pesos anuales por contribuyente en concepto de IVA y de Renta, lo que puede parecer naturalmente un monto no muy relevante desde el punto de vista individual y del contribuyente, pero el monto global es relevante".
