La vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Karen Palma, calificó este sábado como un "impuesto a las mujeres por trabajar" la decisión del Gobierno de financiar la Sala Cuna Universal utilizando recursos del Seguro de Cesantía, tanto del fondo solidario como de las cuentas individuales.
La iniciativa, que se tramita en el Senado, busca reemplazar el actual sistema que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a financiar el beneficio por un modelo de cobertura universal para madres, padres y quienes tengan el cuidado legal de niños menores de dos años. Una discusión que lleva más de una década en el Congreso.
Los principales cambios del Gobierno de José Antonio Kast al proyecto son crear un fondo de sala cuna financiado con una cotización del 0,35% de cargo del empleador, lo que será compensada con una disminución equivalente de la cotización que hoy se destina al Seguro de Cesantía.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, la dirigente acusó que este mecanismo de financiamiento exime al gran empresariado de su actual obligación legal de costear el beneficio en empresas con más de 20 trabajadoras, trasladando la carga económica de una política pública nacional hacia los ahorros de cesantía de los propios trabajadores.
"Hay de fondo que se le está cobrando un impuesto a las mujeres por trabajar, porque finalmente son las propias mujeres con sus propios fondos las que van a tener que financiarse sala cuna", arremetió Palma.
"El anterior proyecto consideraba un aporte de empleadores y hoy día vemos que, además de haberle bajado los impuestos al gran empresariado, no se le cobra por esta política pública que también los beneficia", indicó.
La dirigenta Karen Palma cuestiona que se pretenda despachar la ley en solo dos semanas de discusión legislativa. (FOTO: ATON)
En esta línea, advirtió que de la iniciativa "nos preocupa la sustentabilidad del seguro, entendiendo que van a salir no solo platas del fondo solidario, sino que también de las cuentas individuales".
"La mayor crítica es mirar por qué el Gobierno toda la política pública que ha lanzado la ha hecho de cargo a los trabajadores y trabajadoras", puntualizó la representante de la CUT, que explicó que la aspiración del organismo "es que los cuidados sean una materia de responsabilidad social, y eso significa que haya un aporte de los empleadores y del Estado en esta materia".
"No le quitemos responsabilidad al gran empresariado, que si uno mira las tasas de ganancia no han disminuido", enfatizó la representante sindical.
CUT solicita retirar la "discusión inmediata"
La CUT manifestó su preocupación por la celeridad con la que el Ejecutivo busca tramitar el nuevo proyecto de Sala Cuna Universal, solicitando que se retire la suma urgencia de la iniciativa para permitir un debate más exhaustivo con los actores sociales.
"Hemos solicitado al Gobierno como primera instancia que le quite la discusión inmediata. Porque si de verdad queremos escucharnos y conversar, esto no es posible si se piensa que un proyecto se va a discutir en dos semanas y que no se va a escuchar a ninguna de las partes ni mucho menos a las trabajadoras, que son las que son afectadas directamente con esta medida", explicó Palma.
La organización exige un sistema de "responsabilidad social" donde empresas y Estado asuman el costo principal del cuidado. (FOTO: ATON)
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la gradualidad de cinco años propuesta para su implementación, lo que choca con el discurso de urgencia económica del propio Gobierno.
Según señaló la dirigente: "Por un lado uno escucha a todos los ministerios diciendo que hay una urgencia, que tenemos una crisis de empleo y crecimiento. Uno se pregunta: bueno, si tenemos una crisis económica, ¿cómo estamos pensando en medidas a cinco años?".
Finalmente, la CUT puso la alerta sobre la calidad del cuidado, denunciando que el proyecto relaja las exigencias de reconocimiento oficial para los establecimientos.
Experta: "Es desvestir un santo para vestir otro"
La directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP), Marcela Perticará, valoró que el proyecto esté en discusión, pero enfatizó que las indicaciones presentadas son "complejas".
"Fue una buena noticia igual que el proyecto esté en el tapete, pero sí son indicaciones complejas porque, por un lado, el financiamiento a través de reducir la cotización para el seguro cesantía es problemático. O sea, es como vestir un santo tras desvestir a otro", expresó.
"En un contexto de un mercado laboral tan débil, con tasa de desempleo aumentando, uno no querría tocar un instrumento como es el seguro de cesantía, que puede brindar cierto aire a las personas cuando pierden sus trabajos", dijo.
Perticará también criticó la gradualidad de cuatro años que contempla el proyecto, asegurando que tiene la percepción de que, al menos transitoriamente, el beneficio va a cubrir el mismo segmento de mujeres que están trabajando formalmente en empresas grandes.
UDI defiende propuesta
En la otra vereda, el senador UDI y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Gustavo Sanhueza, afirmó que "la fórmula de financiamiento por parte del seguro de cesantía era parte de lo que estaba ya contemplado en la propuesta anterior del Gobierno del expresidente Boric".
"Ahora, asumiendo la realidad de la situación financiera con que se recibe el país, el aumento que ha tenido el costo de la mano de obra en Chile en el último tiempo -que tiene que ver con la reforma al fondo de pensiones, que tiene que ver con la ley de 40 horas- obviamente obliga al Gobierno a ir más allá y buscar una fórmula que no tuviese impacto para los empleadores", defendió.
"Creo que es el camino correcto, y sobre todo porque se buscó una fórmula que además es gradual. Esta combinación va a permitir que, efectivamente, este proyecto sea una ley permanente y que no tenga zozobra en el tiempo producto de falta de financiamiento", cerró el parlamentario oficialista.
