El ente fiscalizador determinó que la modificación de requisitos para los taxis carecía de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos suficientes para justificar los cambios propuestos.
Además, podía afectar la calidad del servicio recibido por los usuarios y observó la ausencia de antecedentes que la respaldara.
La Contraloría General de la República objetó un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que buscaba modificar el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros -también conocido como "Ley Uber"-, al estimar que la propuesta carecía de fundamentos suficientes para justificar una rebaja en las exigencias aplicables a los taxis.
A través de un oficio, emitido el 10 de junio, el organismo encabezado por Dorothy Pérez resolvió no dar curso al Decreto N° 94 de 2026, que modificaba el decreto supremo N° 212 de 1992.
Según detalló la entidad fiscalizadora, "el acto administrativo en estudio elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi". Entre ellos la antigüedad máxima del vehículo y la antigüedad mínima para una primera inscripción.
Sin embargo, Contraloría advirtió que en el expediente no constaban los "fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas", ni tampoco las razones por las cuales la medida no fue sometida a consulta pública.
El organismo agregó que, si bien corresponde a la Administración definir las exigencias para este tipo de servicios, las modificaciones propuestas implicaban una disminución en los estándares y la calidad del servicio que actualmente reciben los usuarios.
Asimismo, la entidad recordó que los actos administrativos deben estar debidamente sustentados en fundamentos racionales, evitando decisiones que puedan ser consideradas arbitrarias o que eventualmente constituyan una desviación de poder.
Junto con representar el decreto, Contraloría indicó que el Ministerio de Transportes deberá establecer un plazo determinado para que los servicios de taxi básico, ejecutivo o de turismo comuniquen su adscripción a una empresa de aplicación de transportes.
Consultado sobre los pasos a seguir tras el dictamen, el doctor en Transporte Rodrigo Fernández planteó que puede ocurrir una de dos cosas: "Primero, que el Ministerio retire el reglamento y lo reingrese, adjuntando los antecedentes técnicos que Contraloría está pidiendo".
"La otra alternativa, que a mí me parece que es más práctica, desde el punto de vista de los usuarios de estas aplicaciones, es mantener el reglamento que ingresó el gobierno anterior", sugirió el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la U. de Los Andes.
De lo contrario, el experto estima que "vamos a seguir en esta condición de que el reglamento va para la Contraloría, se devuelve; va de nuevo, etcétera... Y al final, nunca vamos a tener en aplicación la Ley Uber".
Desde el Congreso, y acompañado de dirigentes de gremios de taxis y colectivos, el diputado Jaime Mulet (FRVS) aseguró que "la Contraloría ha hecho lo justo. El ministro de Transportes (Louis de Grange) se pasó varios pueblos en la pretensión de modificar todo el sistema de transporte colectivo, modificando el decreto 212, y pasando a llevar una serie de acuerdos y leyes construidos durante los últimos ocho años, para que el transporte colectivo menor pueda convivir de manera razonable con las aplicaciones".
"Hay una ley, y había un acuerdo de un reglamento que permite establecer medidas de seguridad y competencia parejas y equilibradas entre taxistas, colectiveros y las plataformas. Lo que pretendió hacer (el ministro) es abrir las puertas a las plataformas absolutamente y con eso, liquidar el transporte público tradicional de taxis y colectivos", fustigó el integrante de la Comisión de Transportes de la Cámara.
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