Cerca de las 7:00 de la mañana de este martes, funcionarios de Carabineros, de la Delegación Presidencial y de la municipalidad de Viña del Mar llegaron hasta la toma Lajarilla, en Reñaca Alto, para efectuar el desalojo programado para esta jornada.
Inicialmente, el procedimiento estaba fijado para el 22 de febrero; sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió reprogramarlo tras una solicitud presentada por la defensa del dueño del terreno, el municipio y Carabineros.
Desde temprano, Carabineros desplegó un importante contingente en el sector. Paralelamente, los pobladores de la toma intentaron impedir el desalojo hasta última hora, sin éxito.
Pobladores conversaron con Cooperativa mientras retiraban sus enseres y acusaron ser estafados, ya que, llegaron en 2022 hasta el lugar con la promesa de poder comprar a en un futuro.
"Muchos pagamos nuestros terrenos, como hemos pagado todo con nuestro esfuerzo, pero todo fue una estafa a todos nos engañaron. Eso es un dolor grande que tenemos como persona, todos mis ahorros están en mi casa", dijo una vecina.
El abogado de los pobladores se refirió a la situación: "Se solicitó garantizar condiciones de habitabilidad y sustentabilidad para las familias, además de medidas para trasladar y resguardar sus enseres personales. Ninguna de esas cuestiones se ha cumplido".
Según el defensor la única información entregada previamente por la municipalidad fue en una reunión el pasado viernes, donde "no se especificó la ubicación de los albergues, ni la llegada de los camiones para trasladar las pertenencias de las familias".
En total, cerca de 450 personas residen en la toma, un equivalente a unas 86 familias. Ayer lunes en la noche algunos habitantes se retiraron voluntariamente del sector.
Hasta el momento, el desalojo no ha comenzado de manera oficial con la entrada de maquinaria, pero las personas continúan retirando sus enseres desde el interior de la toma Lajarilla.
El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, expresó su molestia porque el dueño del terreno no se ha presentado en el lugar, por lo que nada les impediría a las familias volver a habitar el asentamiento.
"El dueño del predio en cuestión estaba realizando el despeje, apoyado por la fuerza pública y todo esto mandatado por los tribunales de justicia", sin embargo, aclaró que "todo se ha desarrollado en forma pacífica, se ha retirado todos los ocupantes del terreno", declaró Riquelme.
"La ilustre Municipalidad y el resto de los servicios público disponen de los albergues y todos los dispositivos sociales para apoyo y resguardo del derecho de las familias y todo con apego al resguardo de la integridad de las personas", destacó.
