Este viernes 31 de enero se cumple el plazo dado por la justicia para que la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso) sea desalojada, lo que no se ha ejecutado todavía.
En la zona viven alrededor de 3.000 familias -aproximadamente unas 10 mil personas- emplazadas en un paño de 260 hectáreas, asentamiento que impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
Sin embargo, este desalojo no se ha efectuado, pese a que el Gobierno solicitó la extensión del plazo en noviembre pasado con el fin de tener tiempo para gestionar una solución habitacional.
Frente a esto, los dueños legales del terreno presentarán un escrito a la Corte Suprema para que vuelva a notificar nuevamente la orden de expulsión, y su abogado adelantó que pedirán e insistirán en el uso de la fuerza pública.
La dirigente del Comité Nuevos Aires de esta megatoma, Karina Ayala, aseguró que como vecinos se mantienen tranquilos ante esta situación, aunque en alerta: "La señora Gloria Mayra, la interlocutora del ministro Montes, en reiteradas oportunidades nos ha dicho que no va a haber desalojo, que sigamos trabajando tranquilos en el tema de la cooperativa", aseguró.
Asimismo, el abogado de los dueños legales del terreno afirmó que las conversaciones con el Ministerio de Vivienda (Minvu) se encuentran en un "punto muerto".
Desde la Delegación Provincial de San Antonio, Carolina Quintero da cuenta de las conversaciones entre las partes involucradas para la eventual obtención de este terreno y así beneficiar a las familias. "Al respecto se ha hecho un trabajo que lleva meses, se han ganado confianzas y ese proceso tiene como fin el generar cooperativas, de modo que se genere una forma de obtener el terreno", detalló Quintero.
