La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta tarde el informe de la comisión investigadora sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), que sigue y orienta a personas cuya identidad de género no coincide con su sexo y nombre registral.
El informe despachado por la instancia en noviembre de 2024 sugirió -entre sus conclusiones- la "suspensión inmediata" de la ejecución de la política pública y que no se inicien nuevos tratamientos hormonales, sea de bloqueo puberal u hormonización, en menores de edad, diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género o género no conforme.
La votación en Sala generó un tenso debate entre los parlamentarios.
"Algunos de la ultraderecha desde el principio quisieron usar esta comisión como un espacio para hacer retroceder los pocos derechos que tenemos las personas trans", señaló la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio), la primera parlamentaria transgénero de la historia de Chile.
Asimismo, acusó que "el informe de mayoría está plagado de mentiras, impulsadas por noticias falsas e interpretaciones mañosas de los datos que hemos levantado de un programa como el PAIG. Indudablemente pueden hacerse ajustes, más cuando aún recién el 2018 este Congreso se ponía de acuerdo con que la niñez trans existe y tiene derechos".
Schneider recordó que el programa "no viene de este Gobierno; viene del Gobierno de Sebastián Piñera, firmado por los ministros (Emilio) Santelices y el ministro (Alfredo) Moreno", así que "lo que está haciendo la derecha es echar por la borda un programa que su propio Gobierno impulsó".
"La mayoría votó contra la ciencia, votó por la discriminación y votó contra las familias de los niños, niñas y jóvenes trans de todo el país. Estamos hablando de un programa que salva vidas, que salva a niños y niñas de la desescolarización, del bullying e, incluso, del suicidio", apuntó la legisladora.
"Le quiero dar la tranquilidad a la población trans de todo el país y a la comunidad LGBTI de todo el país que este informe no es vinculante y no vamos a permitir que sus recomendaciones se lleven a cabo", advirtió Schneider.
Su par de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, sostuvo: "Conocimos la experiencia de familias que se sintieron vulneradas, presionadas e, incluso, que fueron, desde el programa, derivadas a intervenciones que contemplan hormonización y, tal como lo señaló la ministra de Salud, esas acciones quedan fuera del ámbito de acción del PAIG, aunque curiosamente fue contradicha por la subsecretaria de Salud Pública. Lo que hoy se pide es aprobar un informe que propone eliminar el PAIG en vez de corregirlo".
Por otro lado, el parlamentario Cristóbal Urruticoechea (Nacional Libertario) señaló que "los degenerados llaman derechos a sus más perversos deseos, tienen una necesidad patólogica de que sus monstruosidades sean validadas, lo que los lleva a demandas políticas de una supuesta discriminación positiva y de afirmación por parte del Estado. Son ellos los que con un efecto paralizante, inhibidor y mutilante permiten la destrucción de la conciencia, de la inocencia de los niños".
Desde Chile Vamos, la diputada Ximena Ossandón (Renovación Nacional) afirmó que "están existiendo tratamientos de transición a niños menores de edad, a adolescentes que no saben dónde están parados en la vida. No puede ser que el Estado tome el rol del padre o la madre, o, incluso, del tutor, para entrar en estas terapias que son irreversibles y que los niños no tienen idea de las consecuencias que ellos están viviendo".
Mientras, la diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) aseguró que "hoy es un gran día, hoy hemos protegido a nuestros niños. Este es un golpe a la extrema izquierda. El informe ha sido lapidario".
"Hoy día tenemos que decirles a todos los padres que vamos a defender el derecho preferente a que ellos eduquen a sus hijos. No tiene por qué ningún programa, ni el Estado, ni nadie, decidir por nuestros niños. Se comprobó en esta comisión investigadora que esto puede causar un daño irreversible en nuestros niños", acotó.
El informe fue aprobado con 56 votos a favor, 31 en contra y seis abstenciones.
Movilh repudió el hecho y convocará a protestas: "Es, a todas luces, transfóbico"
El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, indicó que "lo ocurrido en la Cámara es un retroceso gravísimo para los derechos humanos, una brutal bofetada contra los derechos humanos que ocurre justo en la Semana contra la Homo/transfobia".
"La aprobación de este informe transfóbico no sólo ignora evidencia científica, internacional y local: ignora las vidas concretas de niños, niñas y adolescentes trans que existen y merecen un Estado que los proteja, en vez de violentarlos en función de una investigación legislativa sesgada e ideológica", acusó el líder.
En la misma línea, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, apuntó que "este informe no tiene fuerza legal, por lo que esperamos que el Gobierno lo enfrente con fuerza y claridad y mantenga, sin medias tintas, todos y cada uno de los derechos con que gozaban niños, niñas y adolescentes trans al momento de asumir su mandato".
"Acatar este informe sería una expresión tan transfóbica como clasistas, porque los únicos afectados serán quienes se atienden el sistema público de salud, pues el privado se mantendrá intacto", señaló.
"Eliminar el uso del nombre social en las escuelas es un acto de negación de la identidad que margina y humilla. Modificar la Ley de Identidad de Género para someter a las infancias al control absoluto de los adultos no es protección: es control", sostuvo Zúñiga.
"Prohibir cualquier tratamiento hormonal sin distinción alguna es ignorar la experiencia médica, psicológica y vivencial de quienes transitan en contextos hostiles y necesitan atención, no castigo", denunció la vocera.
"No nos rendiremos. Esta decisión será denunciada nacional e internacionalmente. La resistiremos desde las organizaciones, desde las familias, desde las escuelas, desde la calle", finalizó el Movilh, que próximamente informará fechas de manifestaciones.
