Uruguay legalizó este miércoles la eutanasia, al aprobar su Cámara de Senadores un proyecto de ley sobre Muerte Digna.
Tras más de 10 horas de debate, los legisladores del oficialista Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de miembros de los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.
El proyecto aprobado garantiza el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.
Los ejemplos
Con un proceso para su aplicación inspirado en el que se aplica desde el año 2002 en Bélgica y Países Bajos, la aprobación convirtió a Uruguay en el tercer país de América en legalizar la eutanasia activa.
Colombia se convirtió, en 1997, en el primer país americano en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015.
Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50 por ciento más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.
Mientras tanto, Canadá legalizó la eutanasia en 2016, tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.
En 2023, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir, un 15,8 por ciento más que el año anterior.
El paso a paso
El 13 de agosto, Uruguay había dado el primer paso hacia la legalización de la eutanasia, con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Luego de esto, avanzó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde los legisladores que la integraban recibieron a diferentes colectivos y luego votaron su aprobación, lo que permitió que pasara al pleno.
Este miércoles, en el comienzo del debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet tomó la palabra como miembro informante y allí destacó los pasos dados anteriormente.
"Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual", explicó.
Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto no obliga a nadie, sino que es un alternativa.
"Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie", enfatizó.
"No sufrir hasta el final"
En su misma línea, el senador colorado Ope Pasquet dijo a la agencia de noticias EFE que esta "ley es necesaria, liberal y humanitaria".
"Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que, a veces algunas, quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final", explicó.
Pasquet había presentado en 2020 un proyecto para legalizar la eutanasia que fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero no consiguió los votos necesarios en la Comisión de Salud del Senado.
Ahora, con una nueva ley ya sancionada, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación.
A su vez, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que -dice el texto- "será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia".
Esta "estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo" del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.
