"Es un tremendo logro para Chile. Es un acto de justicia", afirmó anoche el Presidente Boric.
La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles por amplia mayoría a una reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric que busca mejorar las bajas jubilaciones y propone los cambios más significativos al modelo creado hace más de cuatro décadas por la dictadura.
"Es un tremendo logro para Chile. Es un acto de justicia, de profundo cariño y respeto por nuestra gente, que responde a la que es una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país", dijo el mandatario en una declaración pública desde el palacio La Moneda.
A continuación las claves de una reforma que para algunos es "descafeinada" y para otros es un "logro" de una clase política muy polarizada, que lleva años sin ponerse de acuerdo en los grandes cambios estructurales que requiere Chile:
Instaurado 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema chileno fue pionero en la región en instalar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile, gestionada por las administradoras privadas de pensiones (AFP).
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que se trata de un sistema abusivo e injusto y que solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los chilenos.
"Este sistema no ha funcionado por la forma como están calculadas las pensiones. Las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el año 2023 tuvieron una tasa de reemplazo de 32,6%, esto es un tercio de su salario promedio de 10 años", indicó a EFE María José Azócar, de la Fundación Sol.
Las pensiones llevan años liderando las encuestas sobre las grandes preocupaciones ciudadanas y la ciudadanía había perdido la confianza en la capacidad de la política para mejorarlas.
La refundación del sistema fue, además, una de las principales demandas de las protestas de 2019.
Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.
La reforma, que sufrió modificaciones sustanciales desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en 2022, busca beneficiar a 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%.
También aumenta la pensión básica universal hasta 250.000; sube de manera gradual la cotización hasta el 17%, a cargo del empleador; crea un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.
"Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo a este país", dijo tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.
El economista de la Universidad de Chile Guillermo Larraín explicó a EFE que "los países más avanzados tienen sistemas mixtos, pero estos están más dominados por el Estado, mientras que en Chile el camino ha sido al revés, pues se está pasando de un sistema muy privado a uno un poco más público".
Fue negociada con la coalición de la derecha tradicional Chile Vamos y, aunque está lejos de lo que aspiraba el Gobierno, supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña, junto con el pacto tributario que aún no consigue sacar adelante.
La parte más radical de la coalición que integra el Gobierno (Partido Comunista y Frente Amplio) votaron a favor, pese a creer que se hicieron demasiadas concesiones durante el debate parlamentario y que se renunció a eliminar las AFP y a crear un sistema con mayor peso estatal.
"Esta reforma válida y perfecciona el sistema de las AFP. En el largo plazo, irán 6 puntos más a la capitalización individual, cuando en el proyecto original del Gobierno esos 6 puntos iban a un seguro social para que Chile se pusiera al día en el escenario internacional y no siguiese siendo un caso extremo", apuntó Azócar.
En la calle también reina el escepticismo: según la última encuesta Data Influye, el 64% de los mayores de 55 años considera que la reforma no solucionará "definitivamente" el problema de las pensiones, frente a un 33% que considera que solo lo resolverá "en parte" y un 1% que está muy conforme.
Los únicos que votaron en contra fueron algunos descolgados de Chile Vamos y los diputados de los distintos partidos ultraderechistas que hay en el Parlamento, contrarios a cualquier sistema de reparto.
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021, cargó contra la reforma en X por "quitarle a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros" y avisó de que la derogará si consigue llegar al poder en los comicios de finales de año.
