Economistas cuestionaron en El Primer Café el aumento del subsidio de sueldo mínimo a las pymes -patrocinado por el Gobierno y despachado a ley por el Congreso en 2023- como mecanismo para incrementar el ingreso percibido por los trabajadores, un día después de que el legislativo aprobara otra subida del salario mínimo.
El miércoles, el hemiciclo dio el visto bueno a la idea de reajustar el sueldo base a 529.000 pesos desde mayo (aumento retroactivo) y a 539.000 pesos a partir de enero de 2026; propuesta que fue ingresada por el Ejecutivo tras negociaciones mantenidas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Sin embargo, expertos alertaron en Cooperativa que estos reajustes, "más allá de ser bien intencionados, pueden tener efectos indeseados", como el ocurrido el año 2009, cuando ocurrió en el país una crisis de cesantía causada, entre otras cosas, por los incrementos del salario mínimo.
"La pregunta es cómo hacemos estos incrementos sin generar estos efectos de desempleo", enfatizó el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Claudio Agostini, que defendió la conveniencia de implementar el denominado "impuesto negativo" en vez de subsidiar a las pymes para que cumplan con el pago del nuevo sueldo base.
De acuerdo con el economista, el impuesto negativo va dirigido a "personas que trabajan formalmente, pero que reciben sueldos bajos. Ellas reciben un subsidio que va creciendo cuando su paga es baja, y que va decreciendo cuando es alta. La evidencia apunta a que esto permite aumentar el empleo, aumentar los ingresos, reducir la desigualdad y formalizar el trabajo".
"Hay muchos países que lo han implementado y además apunta a quien corresponde, que es el trabajador y no a la pyme. ¿Por qué se subsidia a la pyme, cuando el afectado es el trabajador?", cuestionó Agostini.
Con él coincidió la economista de Libertad y Desarrollo (LyD) Macarena García, que fustigó que el subsidio a las pymes "es una política no tan evidente ni tan directa; no está claro si partes de ese monto se quedan en el empresario o en el trabajador. Debiera ser más eficiente, limpio y directo, sin perderse en burocracia y que le llegue todo directo al trabajador".
En la misma línea, Cristóbal Huneeus -que fue asesor del Ministerio del Trabajo durante Bachelet II- señaló que durante el primer período de Gobierno (2006-2010) de la expresidenta se implementó el impuesto negativo en la iniciativa de subsidio al empleo joven, "y la evidencia mostró que la gente postulaba mucho más que la empresa".
"El problema es que hoy, con el subsidio a las pymes, se gasta más plata que con el subsidio al empleo joven. Nos estamos basando en una evidencia que es contraria", afirmó el doctor en Economía en la Universidad de Stanford.
Cruce entre Agostini y Eugenio Rivera
El único que planteó reparos con la opinión de sus colegas fue el director del Área Económica de la Fundación Chile 21, Eugenio Rivera, que lamentó que "algunos digan que hay que volver al impuesto negativo que propuso (Milton) Friedman hace 70 años".
A juicio de Rivera, los subsidios "pueden jugar un papel importante como complemento de una política de salario mínimo que asegure una cierta base", en vez de que los propios beneficios "sustituyan" completamente dicha política.
Asimismo, manifestó que "es necesario subsidiar a las pymes, porque son un poco aquellos sectores que están excluidos de los beneficios de una economía que crece".
En respuesta, Agostini defendió que "independientemente de quién popularizó el impuesto negativo, el tema es si es buena o mala idea y si funciona o no. Y la evidencia es que funciona bien. No digo que sea el único instrumento que se aplique, sino que es uno bueno y por qué no usarlo si es uno bueno".
"Además, las pymes que tanto endiosamos tienen una deuda con sus trabajadores previsionales enorme. Entonces, es válido preguntar para qué usarán el subsidio a la pyme: ¿Se quedarán (los montos) en el empresario o se traspasarán completo a los trabajadores? ¿Se les pasará una parte a ellos sin pagarles previsión, o se les saldará completa?", se preguntó.
