El FBI arrestó este viernes a una jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, según informó el director de la agencia, Kash Patel, quien la acusó de obstruir que las autoridades arrestaran a un migrante mexicano en la corte.
En una publicación en la plataforma X, Patel señaló que el FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan bajo indicios de que "desvío intencionalmente a los agentes federales" que buscaban al migrante, identificado como Eduardo Flores Ruiz.
Patel borró posteriormente el mensaje de sus redes sociales, pero la detención de Dugan fue confirmada por medios locales, los cuales informan que la jueza permanece bajo custodia federal.
Aún se desconocen los cargos específicos que se le imputan a Dugan, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y el Poder Judicial por sus políticas migratorias.
Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado en contra de las medidas que el Gobierno republicano está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes.
Uno de las acciones más controvertidas ha sido el uso de una ley del siglo XVIII, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener a migrantes (en su mayoría hombres venezolanos) y enviarlos a una megacárcel en El Salvador.
Las decisiones han sido recibidas con rechazo por parte de la Casa Blanca, que ha tildado a los jueces de estar actuando de manera "subordinada".
A principios de mes, el Tribunal Supremo permitió que el Gobierno continuara con las expulsiones de migrantes, siempre y cuando les notificara previamente y les diera un "tiempo razonable" para apelar sus casos.
El Gobierno, sin embargo, ha buscado continuar con los vuelos a El Salvador, lo que forzó al Supremo a intervenir de emergencia el fin de semana pasada y ordenar que se pausaran las expulsiones de manera temporal.
En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- a la prisión de alta seguridad de El Salvador en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como "desaparición forzada".
El Gobierno de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como "grupos terroristas".
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Trump pierde apoyo en tema migratorio, según sondeo
El respaldo a las políticas migratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha caído desde febrero pasado en medio de la polémica que ha causado el envío de migrantes a una cárcel creada para terroristas en El Salvador, entre ellos Kilmar Abrego García, pese a tener la residencia permanente.
Según una encuesta nacional de The Washington Post, ABC News e Ipsos divulgada este viernes, el 53% de los encuestados desaprueba la gestión de Trump en materia migratoria, frente a un 46% que la aprueba. En febrero pasado la valoración era de 50% y 48%, respectivamente.
Este descenso en la aprobación se observa en diversos sectores de la encuesta, que entrevistó a 2.464 adultos. Entre los demócratas, la desaprobación alcanza el 90%; entre los independientes, el 56%; y entre los republicanos, el 11%.
La caída coincide con acciones de aplicación de la ley migratoria más agresivas por parte de la Administración Trump, incluyendo deportaciones sin el debido proceso y desobediencia a órdenes judiciales federales.
El caso reciente de Abrego García, un inmigrante con permiso de residencia permanente en Estados Unidos que fue deportado a El Salvador pese a estar casado con una ciudadana estadounidense, ha generado indignación.
La encuesta, con un margen de error de más o menos el 2%, muestra que un 42% considera que Abrego debería ser devuelto a Estados Unidos, frente a un 26% que cree que se debe quedar en ese país. Otro 31% no está seguro.
Además, el 51% de los encuestados rechaza la política de enviar personas a El Salvador sin audiencias judiciales, una práctica que Trump ha defendido como medida para acelerar deportaciones y "recuperar el control" de las fronteras.
