El abogado Luciano Fouillioux, miembro de la Vicaría de la Solidaridad, cuestionó este miércoles en Cooperativa la política de Derechos Humanos bajo el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que existe una clara percepción de que "no se quiere avanzar" en planes cruciales en esta materia.
Las dudas se dan cuando la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda y el tratamiento de sitios de memoria como Colonia Dignidad, están bajo escrutinio por las medidas anunciadas por la Administración de Kast.
"Hay que decirlo con todas sus letras: En la actualidad no se quiere avanzar en planes de Derechos Humanos", cuestionó Fouillioux en entrevista con El Diario de Cooperativa.
Según afirmó el jurista, que cuenta con una vasta trayectoria en la defensa de los derechos humanos, los anuncios realizados por el Ejecutivo no solo representan una detención, sino un retroceso en lo que considera una política de Estado sólidamente construida a lo largo de los años.
Fouillioux advierte que cualquier modificación a programas establecidos afecta la credibilidad de instituciones y el apoyo de familiares, comprometiendo la solidez democrática. (FOTO: ATON)
"Es una decisión que afecta claramente la legitimidad del plan y la credibilidad, confianza y respaldo por parte de las víctimas y de las agrupaciones (de derechos humanos)", puntualizó el profesional.
Esto se evidencia en la gestión de temas sensibles como los indultos, los cuales, al omitir el dolor de las víctimas, son calificados de "atrocidad" por Fouillioux.
Llamado a reestudiar y profundizar
Frente a este panorama, el abogado espera "un reestudio de las decisiones que en esta materia ha ido anunciando" el Gobierno de Kast.
Esta necesidad de reconsideración abarca no solo el Plan Nacional de Búsqueda, sino también el futuro de Colonia Dignidad, donde se exige conocer el paradero final de los desaparecidos, y la política general de Derechos Humanos.
El enfoque que debe adoptar el Ejecutivo, según Fouillioux, es poner a "la persona humana en el centro de su preocupación en estas materias y no innovar, sino que profundizar los respaldos y los alcances que esta materia necesita para el país, porque tiene que ver con la ética del país, tiene que ver con la solidez de la democracia".
Ignorar esta ética y la necesidad de profundizar en los Derechos Humanos traería "consecuencias nacionales e internacionales, vulnerando tratados e incluso la declaración universal de Derechos Humanos", puntualizó el experto.
Finalmente, indicó que la enmienda de este rumbo es, a su juicio, la única manera de reconquistar la confianza y garantizar la solidez democrática de Chile.
Subsecretario de DD.HH. aseguró que no habrá cambios
El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, se reunió con el nuevo equipo del plan y aseguró que no habrá cambios en el funcionamiento. Igualmente, garantizó ante la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja que el plan continuará.
"Creemos que los derechos humanos son política de estado y por tanto estamos por la continuidad de tres planes que son fundamentales: en primer lugar, el Plan Nacional de Derechos Humanos; en segundo lugar, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas; y en tercer lugar, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia", afirmó.
En esa línea, explicó que en el caso de la estrategia de DD.HH. "ha sido una práctica que cada administración entrante procede tanto al retiro como al reingreso del plan para ajustar y, sobre todo, poner en conocimiento y poder trabajar estas acciones comprometidas con las distintas instituciones y luego volverla a reingresar a la Contraloría General de la República".
A su vez, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, garantizó que "el Plan Nacional de Búsqueda va a continuar, seguirá su correcta orientación y camino", al tiempo que instó a las organizaciones de DD.HH. a comprender que "hay cambios de administración, y eso implica que hay cambios también en los cargos de confianza", y que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está comprometido con incorporar a "personas muy bien capacitadas para lograr sus objetivos".
Por otro lado, el diputado RN Andrés Celis dijo esperar que el Gobierno "presente un proyecto de ley o patrocine el que ingresamos en 2024, que iba al corazón de lo que necesita el Servicio Médico Legal: mayor trazabilidad y modernidad", argumentando que aquella institución está "absolutamente politizada".
Exjefa del programa acusó que su despido fue por razones políticas
No obstante, la exencargada del Plan Nacional, Paulina Zamorano, acusó que su despido obedece únicamente a razones políticas y manifestó sus temores sobre un posible giro en esta política.
"El Programa de Derechos Humanos se encuentra a cargo de más de 430 causas judiciales actualmente activas por las responsabilidades de las graves violaciones de los derechos humanos. Es de esperar una desvinculación de esta naturaleza, más aún teniendo en cuenta los últimos anuncios que han hecho en materia de indulto y de liberación de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos; es decir, es una decisión política", aseveró.
El Plan Nacional de Derechos Humanos elaborado por la Administración anterior, y retirado de Contraloría por el nuevo Gobierno, está en proceso de revisión y las autoridades pretenden reingresarlo al ente fiscalizador en un plazo máximo de 90 días.
Inquietud por primer nombramiento en DD.HH.
Hasta el momento, se ha confirmado que la abogada Constanza Garrido será la nueva jefa del Plan Nacional de Derechos Humanos, quien cuenta con una trayectoria de más de una década en materia de derechos de personas privadas de libertad, por lo que su eventual desconocimiento del asunto a su cargo alarmó a la diputada comunista Lorena Pizarro.
"Yo no conozco a Constanza Garrido, no sé cuál es su vínculo con la causa de derechos humanos, más que un currículum que vi por ahí, y desde luego que me preocupa no tener opinión de ella, porque nunca ha estado vinculada con lo que significaron los crímenes de la dictadura civil-militar", advirtió la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Pizarro remarcó también que "el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos no son temas administrativos: son temas políticos, de construcción de memoria".
