Tanto la cartera de Interior como el Ministerio Público defendieron el traspaso de antecedentes del caso de narcotráfico en la FACh por parte de la Fiscalía militar, pues con ello "no se entorpece" el proceso de la indagatoria y las instituciones "se ponen al servicio de la investigación penal", sostuvieron.
La Fiscalía de Aviación acordó el jueves entregar todos los datos de la investigación, que tiene como imputados a cinco suboficiales de la institución castrense por intentar trasladar ketamina al interior de una maleta, justo antes de un vuelo institucional desde Iquique hacia Santiago.
El hecho originó una pugna entre la Fiscalía civil y la militar, debido a que ésta, en un principio, se negó a otorgarle los antecedentes por considerar que la indagación del caso correspondía a sus facultades. La polémica incluso escaló hasta tribunales, pues el Ministerio Público solicitó una audiencia de contienda de competencias, sumado a que el Presidente Gabriel Boric instó a la FACh a cooperar con la justicia ordinaria.
"Independientemente de que hayan participado militares de las distintas ramas durante su servicio activo en estos ilícitos, es claro que el origen de estas sustancias viene de afuera y su destino (también) va para afuera", esgrimió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
"¿Qué es lo relevante? La decisión del Estado de Chile, desde el Presidente de la República para abajo, de actuar con energía y decisión para enfrentar lo que representan estos ilícitos, que son inaceptables y que no deben quedar bajo la impunidad. Por lo tanto, todas las instituciones deben ponerse al servicio de la investigación penal", agregó.
En la misma línea, en conversación con Radio ADN, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que las contiendas de competencia que se dan entre los entes persecutores "entorpecen el progreso de la indagatoria".
Además, advirtió de que, en este caso, si bien no hay antecedentes que lo acrediten, "tampoco se puede descartar que haya un nexo con el Tren de Aragua por su prevalencia en el tráfico de drogas", especialmente la ketamina.
Jorge Burgos: "Me llama la atención que (los tests de drogas) se empiecen a hacer ahora"
Ante la gravedad del hecho en Colchane, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció ayer que el Ejército realizará una fiscalización completa en todos los cuarteles de la zona norte, que incluirá revisión de lockers y examen de drogas al personal.
En diálogo con Cooperativa, Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, opinó que el test se debería haber aplicado hace tiempo, ante una prevalencia de las adicciones cada vez más presentes en Chile.
"Los controles que se van a reforzar y se empezaron a reforzar, bueno, bienvenido que se hayan reforzado o se empiecen a hacer. A mí me llama la atención sí que se empiecen a hacer ahora", indicó el exdiputado.
"Somos una sociedad donde la prevalencia en el uso de drogas ilícitas, la existencia de personas desgraciadamente con adicciones ha ido creciendo. Han cambiado a veces los tipos de drogas, pero ha ido creciendo. La prevalencia en Chile es alta. Entonces, pretender que personas que ingresan en distintos escalones están necesariamente exentas de esa prevalencia, me parece que era una cuestión bastante ingenua", enfatizó Burgos.
Abogado defensor presentó recurso de amparo
En paralelo, se ha abierto un nuevo flanco en la investigación luego de que el abogado Marcelo Rocha, representante de uno de los imputados, presentara un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, denunciando lo que considera "una serie de vulneraciones al debido proceso".
El abogado acusa que la familia del detenido le solicitó visitarlo ante la imposibilidad de comunicarse con él y, al presentarse en la base aérea El Bosque, donde se encuentra detenido, se le permitió acceso al recinto, pero no al acusado.
Ante su insistencia, se le informó que el fiscal de aviación instruyó que no pueden confirmar la presencia de su representado en el lugar. Ante esta situación, decidió presentar el recurso: "Solamente reflexionar en cuanto a que el Estado de Derecho no puede sostenerse a costa de su propia vulneración", explicó.
"Entiendo perfectamente la gravedad de los hechos que se están investigando y el efecto que esto ha producido en una institución como un cuerpo armado. Pero sostener el Estado de Derecho no puede pasar por desconocerlo al mismo tiempo, y eso significa respeto por garantías procesales, particularmente el estatuto del detenido, y sumisión a los tribunales de justicia, que es lo que nosotros tratamos de hacer al llevar los antecedentes a la corte", agregó.
Test de drogas y fiscalizaciones en el Ejército
En tanto, tras un hallazgo de pasta base en un cuartel militar de Colchane durante esta semana, se realizaron test de droga masivos y fiscalizaciones en todas las unidades del extremo norte del país.
Si bien hasta el momento no hay un balance consolidado del resultado de estas medidas, el Ejército confirmó, a través de un comunicado, el hallazgo de marihuana en el casillero de un soldado en la Segunda Brigada Acorazada de Pozo Almonte.