Aseguraron que al Gobierno le faltó realizar trabajo prelegislativo, criticaron el diseño comunicacional y los alcances del texto mismo.
Desde el Ejecutivo, aseguraron que existe disposición al diálogo y recordaron que el proyecto tiene precedentes legislativos.
Diversos parlamentarios del oficialismo han manifestado su pesimismo ante la reforma constitucional de seguridad que presentó el Gobierno de José Antonio Kast, pronosticando que no será aprobada.
El Ejecutivo presentó esta semana ante el Senado el proyecto de reforma constitucional que propone restringir prestaciones sociales a personas condenados por delitos de crimen organizado y crea un nuevo estado de excepción constitucional que restrinja libertades personales hasta por 240 días.
No obstante, la medida no tuvo una buena recepción por parte del propio oficialismo, que apuntó a que la propuesta le faltó trabajo prelegislativo con los parlamentarios y también criticaron el diseño comunicacional y los alcances del mismo texto.
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) afirmó que "hay tremendas diferencias de apreciación política e ideológica por parte de los parlamentarios de Gobierno. Tenemos una diferencia notable respecto del valor de la democracia, del Estado de Derecho y la tutela que quiere implementar el Gobierno de Kast".
En ese sentido, vaticinó que "es bastante improbable que se apruebe la reforma en el plano que está estableciendo el Presidente Kast".
En una línea similar, el senador Andrés Longton (RN) sostuvo que "se podrían haber hecho las cosas distintas para que el contenido estuviera más acordado, principalmente, a las fuerzas oficialistas, pensando también en ir a buscar votos a la oposición".
De todas formas, reparó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, "ha mostrado una muy buena disposición para generar esos cambios en la discusión legislativa".
Las críticas también llegaron desde el Partido Nacional Libertario: la diputada Gloria Naveillán aseveró que se trata de un "mal proyecto este de la Ley de Seguridad, que está planteando el Gobierno. El oficialismo, como siente que su lealtad es decirle que sí al Gobierno en todo, cambiaron su manera de pensar; pero ojo, los proyectos hay que conversarlos antes de".
En respuesta, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, manifestó que el Gobierno tiene disposición al diálogo y recordó que la iniciativa tiene precedentes parlamentarios. Asimismo, señaló que el objetivo del Ejecutivo es combinar la presencia policial y medidas específicas en zonas vulnerables, garantizando que cualquier acción sea limitada en tiempo y en territorio.
Desde la oposición, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, fue un poco más allá con su crítica y apuntó a que la discusión se ha centrado en materia de orden público, dejando otros temas de lado.
"Hay otros temas que aquí no se tocan, se ha centrado todo en el orden público. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con seguirle la ruta al dinero? ¿Qué pasa con levantar el secreto bancario? ¿Qué ocurre en esos casos? Aquí no hay normas que se traten y eso sí es verdaderamente importante", aseveró.
Asimismo, afirmó que "tanto en la comisión como en general en la sala, votaré en contra este proyecto si avanza de la manera que ha sido presentado".
En paralelo, desde el sector progresista se han levantado algunas autocríticas. La diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, aseguró en conversación con El Mercurio que el progresismo llegó tarde a la discusión de seguridad.
El diputado Patricio Pinilla (DC) manifestó que "es evidente que una parte del progresismo efectivamente no dimensionó lo relevante que estaba siendo el tema de la seguridad pública para la ciudadanía".
Sin embargo, sostuvo que "la Democracia Cristiana no se siente parte de esta autocrítica, pues desde un principio planteó la importancia de dotar al Estado de más herramientas para luchar contra la delincuencia".
