La Fiscalía, a través del persecutor Marcos Pastén, inició una investigación penal para indagar posibles falsificaciones o errores en la comunicación interna entre los tribunales y Gendarmería que pudieron derivar en la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández.
Este criminal, pese a tener prisión preventiva decretada por el Octavo Juzgado de Garantía, fue liberado el pasado 10 de julio y actualmente está prófugo, habiendo desatado una crisis y un conflicto entre las instituciones públicas.
Debido a esto, desde el Ministerio Público se busca determinar las responsabilidades de tribunales y funcionarios involucrados en el proceso, quienes están siendo investigados.
Por su parte, Gendarmería ha defendido su actuar, asegurando que acataron una orden judicial explícita para la liberación del interno, emitida por el juzgado de garantía antes mencionado.
El director subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, reafirmó esta postura: "En caso de existir algún error de procedimiento por parte de nuestro personal, lo establecerá la justicia. Reiteramos que Gendarmería ha dado cumplimiento con las resoluciones judiciales, evidenciadas en las órdenes emanadas por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y no es ámbito de nuestra competencia cuestionar los documentos emitidos por los tribunales".
"Y en este caso, una orden explícita que ordena la libertad de un interno fue acatada, previa revisión de los medios de verificación regulares", enfatizó.
La postura del Poder Judicial
Desde el Poder Judicial, la jueza Irene Rodríguez, del Octavo Tribunal de Garantía de Santiago, quien dictó la prisión preventiva y posteriormente la liberación, se ha declarado inocente y tranquila ante la investigación.
Señaló que se emitieron varios oficios con la rectificación de "una letra" del nombre de Osmar Ferrer, aunque ahora se sabe que ese no era el nombre real del imputado.
La Corte Suprema también ha tomado medidas, anunciando que trabajará en mejorar sus protocolos de tramitación electrónica para evitar futuras fallas en el proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales.
La ministra María Soledad Melo detalló que "en lo que a este poder del Estado corresponde, se han dispuesto las siguientes medidas. Primero, recabar la información respecto de los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso".
"Segundo, elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad", puntualizó.
Este incidente ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades en los sistemas de identificación y comunicación entre las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad, abriendo un debate más amplio sobre las políticas migratorias y la lucha contra el crimen organizado en el país.
Crimen organizado como desafío nacional
El Presidente Gabriel Boric se sumó a las voces de preocupación durante una ceremonia de egreso de Carabineros.
En la instancia, el Mandatario reconoció que los últimos años no han sido fáciles en materia de seguridad y subrayó los "tremendos desafíos" que enfrenta el país para combatir el crimen organizado.
Asimismo, advirtió sobre la amenaza que estas redes delictivas representan para las instituciones.
"Tenemos tremendos desafíos para combatir un crimen organizado que intenta permear nuestras instituciones", dijo el Presidente, que también les pidió a los nuevos uniformados "no dejar que el crimen organizado logre romper la estructura y tradición de ninguna de las instituciones".
