La liberación de un presunto sicario, cuya prisión preventiva había sido decretada, ha generado una intensa investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile.
Según informaron desde el Ministerio Público, en el marco de este bullado caso, una de las diligencias realizadas este martes fue tomar el testimonio de Irene Rodríguez Chávez, jueza que firmó digitalmente el oficio que terminó con Osmar Ferrer en libertad.
"Tomamos declaraciones en calidad de testigos, a la señora magistrada y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar digamos información que pudiera ser útil. Incautamos computadores desde los cuales se hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes", detalló el fiscal Marcos Pastén, a cargo de la indagación.
Todo el proceso de incautación y toma de declaraciones se desarrolló "en completa normalidad" y la entrega de los aparatos fue "de forma voluntaria", según la PDI.
No obstante, ha trascendido que el personal se negó a entregar el respaldo de sus servidores, por lo que la Brigada Anticorrupción de la policía civil concurrió más tarde a las dependencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con una orden de entrada y registro para acceder a esos datos.
La resolución judicial y el debate del "error"
Pastén también enfatizó la validez de la prisión preventiva dictada, asegurando que es "la única resolución vigente es la resolución que decretó la prisión preventiva". Y añadió, reiterando la posición de la Fiscalía: "Técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad, porque la única resolución vigente era la resolución que decretó la prisión preventiva".
Respecto a las causas de la liberación y la posible existencia de un "error" o "extorsión", el fiscal indicó que "si bien es cierto nosotros no descartamos ninguna hipótesis, con los antecedentes que tenemos hoy no aparecen digamos en esta primera indagación. Esto es algo que en todo caso que está recién comenzando".
En una línea similar, Mauricio Jorquera, jefe contra el Crimen Organizado de la PDI, afirmó que todas las diligencias están en curso y que no se descarta ninguna posibilidad para establecer por qué el imputado fue puesto en libertad.
Finalmente, se dio cuenta que ante la liberación y el no regreso a prisión del presunto sicario, la PDI activó una notificación roja a nivel internacional a través de Interpol. Esto implica una búsqueda activa para la ubicación y captura del sujeto, tanto a nivel nacional como internacional.
