El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú instó a Chile a "proteger" a la familia de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida en extrañas circunstancias hace un año en el sur del país, y confirmó un "riesgo razonable" para su núcleo inmediato tras "evidencias de hostigamiento, estigmatización y amenazas continuas".
La resolución del Comité, un órgano que promueve la implementación del Acuerdo y que con este comunicado insta por primera vez a un Estado parte a tomar medidas de esta naturaleza, se dio luego de que el hijo de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, presentará un alegato por el incumplimiento de Chile en materia de seguridad y derechos humanos de defensores ambientales, contenida en el Artículo 9 del tratado regional.
San Martín Chuñil requirió al organismo y aseguró que en su calidad de familiar directo ha sido objeto de acciones intimidatorias y hostigamientos, y alega estar en riesgo de represalias en su contra y sobre su entorno familiar".
En la misma comunicación, el Comité señaló que el riesgo aumenta por la falta de adopción de medidas adecuadas, eficaces y oportunas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas e intimidaciones cometidos" contra la familia de Chuñil.
En ese contexto, el Comité recomendó al Gobierno adoptar las "medidas necesarias" para proteger a la familia inmediata de Chuñil, incluyendo la investigación de hostigamiento policial denunciado por sus hijos, así como otras formas de discriminación penal o judicial.
Instan a Chile a proteger a la familia Chuñil
A mediados de octubre, el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó que "hay distintas hipótesis que se están investigando” sobre la desaparición de la defensora ambiental, pero evitó dar detalles de la investigación por su “carácter reservado".
"De momento, como es públicamente sabido, algunas hipótesis se orientan a que habrían participado terceros en la desaparición y posible muerte de la señora Chuñil”, sostuvo entonces Valencia, según la prensa local.
Chuñil, de 73 años, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, en un predio de Máfil, propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, quien es considerado por la familia como el principal sospechoso.
Según la versión de los hijos, Chuñil y Morstadt habían mantenido discusiones recurrentes en el pasado y ella habría sido amenazada.
Durante los primeros días de octubre, la filtración a la prensa de la transcripción de una interceptación telefónica de Morstadt, en la que el hombre menciona a dos personas distintas la frase "la quemaron", puso al empresario bajo el foco investigativo.
Detalles de la investigación y controversias
Distintos reportajes de la prensa local han revelado que la Fiscalía también maneja hipótesis que apuntan a la familia de Chuñil, quienes a través de su abogada, Karina Riquelme, han denunciado en varias ocasiones que se les señale como “sospechosos” en medio del duelo por su madre.
Por su parte, el Ministerio Público ha cuestionado el rol de la dirigente como defensora ambiental, afirmando que "no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labora política o de activista organizada".
El Gobierno de Gabriel Boric ha insistido en varias ocasiones en “conocer la verdad” sobre la desaparición de Chuñil para “no dejar espacio a la impunidad”.
El Acuerdo de Escazú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Chile en julio "redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero" y mantener informada a su familia.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
En 2023, se registraron en Chile amenazas contra 20 defensores ambientales, de los cuales el 65% son mujeres, según la Fundación Escazú Ahora. Chuñil es la primera ecologista desaparecida desde que en 2022 Chile ratificó el Acuerdo de Escazú.
