En una decisión sin precedentes, la mesa directiva del Partido Socialista (PS) confirmó esta mañana la suspensión de su participación en la alianza de Gobierno.
En términos prácticos, la colectividad aclaró que no van a participar de los comités políticos ampliados en La Moneda ni tampoco van a participar en el cónclave oficialista que estaba programado para el próximo 23 de enero.
Así las cosas, el PS aclaró que su compromiso de trabajo con el Gobierno se mantiene estrictamente hasta el 11 de marzo por responsabilidad institucional, pero ya no bajo el formato de una alianza o coalición.
La determinación, adoptada tras una reunión de emergencia realizada la noche del martes, surge como respuesta a la ola de reproches recibidos por parte de sus socios de coalición —el Frente Amplio y el Partido Comunista— a raíz de la aparente aplicación de la Ley Naín-Retamal en la absolución de Claudio Crespo, exteniente coronel de Carabineros que cegó al joven psicólogo Gustavo Gatica -hoy, diputado electo- durante el estallido social.
La tensión se originó cuando cuando la bancada del PC, en voz de la jefatura de su comité, la diputada Lorena Pizarro, llamó a quienes aprobaron la normativa a que se hagan responsables de la "impunidad" que, a su juicio, produjo la aplicación de la normativa.
En el PS, estas palabras fueron vistas como una agresión directa no solamente al Socialismo Democrático, sino que también al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien en su momento empujó la aprobación de la Ley Naín-Retamal.
"Esta fue una ley impulsada y respaldada por el Gobierno encabezado por el Frente Amplio", señalaron desde la bancada socialista tras la reunión de anoche, subrayando que "fue el Gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación, fue este mismo Gobierno el que decidió no vetarla y fue también el Ejecutivo el que apuró su promulgación para evitar recursos en el Tribunal Constitucional".
Esta mañana, la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, fue tajante al calificar la actitud de sus aliados como una traición a la labor legislativa del propio Gobierno.
Antes de dirigirse al Congreso en Valparaíso para oficializar el congelamiento, la parlamentaria arremetió contra los partidos que hoy cuestionan la Ley Naín-Retamal.
"Cuando uno cree que ya nada nos sorprende, esta es la primera vez que dos partidos oficialistas -uno de los cuales es el partido del propio Presidente de la República- se vuelven oposición de su Gobierno", fustigó Vodanovic, evidenciando el profundo malestar por lo que consideran "ataques que sufrió el Partido Socialista, pero sobre todo el oficialismo".
Posteriormente, en una rueda de prensa junto a la bancada del PS, la líder de la tienda afirmó que seguirán "trabajando hasta el último día, se hará entrega del Gobierno como corresponde, pero también y no tenemos por qué tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición".
"El Partido Socialista es una izquierda leal, responsable y terminaremos la tarea. Como he dicho, hemos resuelto congelar la participación en las reuniones del Comité Político Ampliado y del cónclave, pero seguiremos trabajando y en materia legislativa cumpliremos con nuestra tarea y seguiremos impulsando y apoyando todos aquellos proyectos que son buenos para Chile, como los proyectos de seguridad, como los proyectos de crecimiento económico y todos los proyectos que tengan que ver con el bienestar de las personas", sentenció Vodanovic.
La senadora remarcó que "el PC ha actuado deslealmente, endosando los costos de las decisiones adoptadas, apoyadas por sus propios ministros (...) Se está dejando solo al Gobierno antes de que termine. El PS no hará eso. Seguiremos trabajando hasta el último día, se hará entrega del Gobierno como corresponde, pero también, no tenemos por qué tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza, o eran nuestros compañeros de coalición".
"Bomba a la unidad de la futura oposición"
Desde las filas socialistas, el diputado Raúl Leiva dijo que de "una manera artera y desleal se ataca una norma del Gobierno del propio Presidente Boric", agregando que "desafectarse, además, de una manera falaz de una norma que no aplica en el caso de un veredicto, creo que no corresponde".
Mientras, el también diputado PS Daniel Manouchehri advirtió que estos ataques son "una señal clara de inmadurez política, pero fundamentalmente aquí también se está poniendo una bomba a la unidad de la futura oposición".
El efecto dominó de la decisión del PS ha alcanzado al PPD, colectividad que ya bajó reuniones de negociación con el PC y el FA para las mesas de la Cámara Baja, asegurando que evaluarán su continuidad en el bloque.
"No solamente es injusto, sino que complota contra la unidad del progresismo, con la que tanto se llenan la boca en el PC y el FA", comentó el diputado PPD Raúl Soto, quien anticipó que el Socialismo Democrático está revisando "las siguientes acciones a seguir en función de la actitud que ellos tomen".
Por lo pronto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, manifestó la "tranquilidad" por parte de su tienda, por cuanto "el PC no asocia lealtad con obsecuencia, y el Presidente lo sabe. No estoy haciendo ni instalé un debate con otro partido o con la coalición que no sea en el plano de una dinámica a nivel de bancadas parlamentarias. Hasta ahí llego".
Boric: "Me sorprende que jueza se haya centrado solo en la violencia de manifestantes y no en la del Estado"
El Presidente Boric salió al paso de los reproches por la ley que su propio Ejecutivo permitió que se promulgara, asegurando que la normativa nació de mociones parlamentarias y no de una iniciativa de su Administración.
Sin embargo, el Mandatario cuestionó el criterio del tribunal, sugiriendo en Radio Futuro que la sentencia tuvo una visión sesgada del estallido social.
"Vale la pena señalar que (el caso Gatica) es un proceso que no ha terminado. Hay recursos pendientes y, si es necesario, incluso él y su familia van a llevar esto a cortes internacionales, lo que me parece de toda lógica. No conocemos el fallo, además. Es apresurado establecer cuáles fueron los motivos jurídicos en los cuales se funda esta absolución. Algo dijo la jueza ayer. Cuando uno escucha a la jueza, hizo un análisis político o social del momento que se vivía, y me sorprende que se haya centrado solo en la violencia —que, sin lugar a dudas, existió— de parte de algunos manifestantes, pero no diga nada de la violencia que también existió de parte del Estado", sostuvo el Jefe de Estado.
Más tarde, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reafirmó lo establecido por el Presidente: "Esta es una moción parlamentaria y el Gobierno trabajó para que el texto fuera el más adecuado, entendiendo que era una iniciativa que habían promovido distintos parlamentarios".
"En lo que respecta a su aplicación, el acta de deliberación -que comúnmente se denomina veredicto- no permite concluir respecto de que haya sido relevante la aplicación de esta normativa para la decisión del tribunal. Y por tanto, es necesario esperar la sentencia", zanjó el jefe de gabinete.
En cuanto al apoyo de la Administración Boric a la normativa, cabe mencionar que ésta figura en la lista de los 1.000 avances del Gobierno, que el Ejecutivo ha divulgado para establecer su legado.
Timonel FA acusa "sesgo político"
La controversia escaló con las declaraciones de la presidenta del FA, Constanza Martínez, quien en Tele13 Radio se alineó con la tesis del Ejecutivo. "Tengo que leer el fallo, pero al escuchar eso ayer, sí, yo creo que hay un sesgo político y creo que eso no se dice de todas las declaraciones de los jueces", declaró la líder oficialista, argumentando que el tribunal puso un énfasis desproporcionado en la violencia de los manifestantes para justificar la legítima defensa.
Posteriormente, en X, la timonel frentamplista aseguró que "nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al Partido Socialista luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción".
"En todas las declaraciones que han habido del oficialismo, hay coincidencia en que el fallo de ayer no dio justicia a Gustavo Gatica. Por eso, sorprenden las declaraciones del PS, donde hacen de este fallo un problema del oficialismo", advirtió Martínez, asegurando que desde el FA, "nuestra crítica ha sido de fondo, para discutir algunos principios que, quedando consagrados en la Ley Naín-Retamal, pueden tener efecto sobre las personas, pero nuestros puntos son totalmente conciliables".
Por su parte, el diputado Jorge Brito hizo un llamado al PS a la calma: "Aún están a tiempo de actuar con madurez, con responsabilidad, así que esperamos que se enfríen un poco, que tomemos esto con mesura y también que nos expliquen qué significa lo que están anunciando".
"¿Significa que el ministro Montes va a salir del ministerio de Vivienda y que el Partido Socialista va a abandonar todos los Serviu que tiene en todo el país? Nosotros entendemos que hay frustración en el Partido Socialista por que la ley que promovieron no se está aplicando como deseaban, sin embargo, nuestro compromiso con Chile es mucho más grande. Ellos y nosotros perdimos la elección presidencial y cómo vamos a enfrentar el ciclo que viene si no es con la mayor unidad política y social posible", advirtió el legislador.
En medio de este desorden en la izquierda, el jefe de la bancada de los diputados frenteamplistas, Jaime Sáez, anunció que buscarán modificar la Ley Naín-Retamal para evitar interpretaciones que, a su juicio, consagren la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
