El creador de ProCultura, Alberto Larraín, descartó haber financiado la campaña del Presidente Gabriel Boric o cualquier otra con dineros provenientes de la fundación, luego que una acreedora planteara que usó ese argumento como respuesta para no pagar una deuda.
A través de una declaración, el psiquiatra recordó que "en 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos. Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de trabajadores".
"Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la expareja del Presidente de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público", continúa el texto.
Larraín insistió en que "de manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas tendencias políticas y fue siempre de carácter voluntario".
Ante una serie de "supuestos o hechos descontextualizados", Larraín dijo que "nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política. La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables".
"Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor", detalló.
También añade que las transferencias al excandidato a alcalde Sebastián Balbontín (su pareja desde hace más de cinco años), "no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos. No existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional, que beneficiara a la Fundación".
"No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones. Incluso, en lo personal, destiné importantes recursos propios y familiares en apoyar a la organización e intentar la subsistencia de la misma, a fin de cumplir con las obligaciones que tenía pendientes a la fecha", sostuvo.
