La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó, la tarde de este jueves, una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el denominado Caso Procultura, una de las principales aristas del caso convenios, consignó 24 horas.
La autoridad metropolitana es investigada por los presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco a raíz del convenio que se adjudicó la fundación Procultura por más de 1.800 millones de pesos, de los cuales mil millones no fueron rendidos ni tampoco devueltos al Gobierno Regional que lidera.
La transferencia del GORE de Santiago a la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín tenía como objetivo la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".
Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, explicó que "el desafuero se trata de un beneficio que se establece para ciertas autoridades para que, en el caso de que la Fiscalía buscare acusarlo por la comisión de algún delito o se pretendiere obtener alguna medida cautelar en su contra, ya sea la prisión preventiva u otra, es necesario primero pasar por este proceso".
"La Corte de Apelaciones lo resuelve en su mérito", agregó el experto.
La acción de Fiscalía fue valorada por uno de los querellantes en la causa, el diputado republicano Agustín Romero: "Lo que exigimos es que se investigue hasta el final y que no haya privilegios para nadie. Aquí hay más de 1.000 millones de pesos que no fueron rendidos ni devueltos; plata de todos los chilenos que debía llegar a la gente y no terminar en fundaciones truchas.
"El desafuero es un paso necesario para que la justicia pueda hacer su trabajo, porque el fuero no es un blindaje contra la corrupción", señaló el parlamentario.
Declaración del abogado de Orrego
Rodrigo de la Barra, abogado del gobernador Claudio Orrego, emitió una declaración en la que asegura que la defensa no ha sido notificada por el Ministerio Público respecto de la petición y niega que su representante haya incurrido en algún delito.
"Respecto del denominado caso PROCULTURA, el Gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal (Patricio) Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados", señala la misiva.
"Queremos reafirmar, con total claridad, que el Gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones", enfatiza el escrito.
Finalmente, el representante de la autoridad metropolitana indicó: "Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios".
Integrante de comisión investigadora: "Antes de cualquier cosa, presunción de inocencia"
En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD), integrante de la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso Procultura, pidió respetar la presunción de inocencia en este tipo de causas, aunque solicita investigar a fondo.
"Lo primero, antes de cualquier cosa, presunción de inocencia. Esto es una solicitud que hace la Fiscalía para solicitar el desafuero para poder proceder a formalizar y pedir medidas cautelares respecto al gobernador, pero yo creo que esto es consistente y está muy alineado con lo que fueron las conclusiones de las distintas comisiones investigadoras que se refieren a los temas convenios", indicó el legislador.
"Me tocó participar por lo menos en dos (comisiones) en que se tocó dos veces el tema de Procultura y escuchamos a la Contraloría, que se refirió largamente a esto; escuchamos al propio gobernador, nos fuimos formando opinión y yo, por lo menos la opinión que tengo es que esta situación es grave, es de las cosas más graves. Procultura es una máquina para defraudar al fisco", añadió Araya.
