Caso ProCultura: Suprema confirmó fallo y declaró "ilegales" pinchazos a Huneeus

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Autor: Cooperativa.cl

El máximo tribunal, en una decisión dividida, desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público.

Caso ProCultura: Suprema confirmó fallo y declaró
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La Corte Suprema ratificó este martes el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, calificando como "ilegales" los pinchazos telefónicos a Josefina Huneeus, expsiquiatra del Presidente Gabriel Boric y exesposa de Alberto Larraín, en el marco del caso ProCultura.

En una decisión dividida, por tres votos contra dos, se determinó rechazar la apelación presentada por el Ministerio Público, que acusaba "parcialidad" en el fallo del tribunal.

En el texto, indicaron que estos pinchazos "no cumplían con los requisitos básicos establecidos en la legislación para aplicar esta medida intrusiva", además de descartar posible parcialidad en la decisión de la Corte de Antofagasta.

Huneeus presentó el requerimiento en mayo pasado, acusando que el Ministerio Público intervino ilegalmente su celular debido a que, en el momento de la diligencia, ella se encontraba en calidad de testigo y no de imputada en la mencionada arista investigativa del caso convenios.

Por su parte, Fiscalía defendió el pinchazo al fundamentar que sospecha del presunto involucramiento de Huneeus en delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias, a raíz de conversaciones mantenidas, por ejemplo, con el Mandatario, que posteriormente se filtró.

"Como abogados de Josefina Huneeus, estamos satisfechos con el resultado. La más alta instancia judicial de Chile ha confirmado lo dicho unánimemente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en todos sus términos", destacó Alejandro Awad.

El jurista señaló que "las interceptaciones respecto de Josefina Huneeus, alejadas completamente de la práctica habitual del Ministerio Público y de los tribunales penales, fueron gravemente ilegales, atentatorias contra sus derechos más básicos y una amenaza para su libertad".

"Las excusas dadas por la Fiscalía para vestirlas de legalidad son inadmisibles. Es irreparable el daño que se la hecho a ella", subrayó el abogado de Huneeus.

Previo a conocer esta decisión, Awad había comentado que el texto de la Corte de Antofagasta "es un fallo excepcional y basta leerlo, aquí no hay que creerle a nadie, cualquiera puede leer el fallo y cerciorarse de la calidad de sus argumentos y de la seriedad con que afrontaron la tarea encomendada, y cómo fueron capaces de exponer su razonamiento en alrededor de 48 horas. A mí es un fallo que me impresionó favorablemente".

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Los argumentos de la minoría

"Nos quedamos con que hay dos votos de minoría, que acogieron el planteamiento del Ministerio Público, y junto con ello, que el propio fallo de mayoría manifiesta que ciertos pasajes de la sentencia (de la Corte de Antofagasta) eran innecesarios", manifestó desde el Congreso el fiscal nacional, Ángel Valencia, aludiendo a las malas prácticas llevadas a cabo durante la dictadura, y que son mencionadas en la resolución ratificada.

El jefe del ente persecutor además hizo ver que "es una sentencia que se dicta respecto de una diligencia en particular: el caso convenios es mucho más grande que eso, y el caso ProCultura también es bastante más amplio, y la investigación que está cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta sigue adelante".

Según el análisis del abogado Diego Muñoz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, "la minoría defiende que las interceptaciones no pueden quedar atadas al formalismo del titular registral (de los teléfonos), sino que deben seguir el uso real del número de teléfono del equipo, pues de lo contrario, es una herramienta que se pierde contra la criminalidad organizada".

"De igual manera, sostienen que existe un equilibrio constitucional que es válido, entre un estándar de sospecha fundada en la etapa de investigación, siendo inferior al requerido para condenar, pero suficiente para investigar delitos graves, indicando que se trata de un crimen. Es decir, con una pena de más de cinco años", argumentó el docente.

Las reacciones desde el Congreso

Desde la Cámara, el diputado Andrés Longton (RN) se limitó a señalar que "lo que hay que hacer es respetar dicho fallo, y que la investigación continúe con la misma intensidad que ha seguido hasta ahora".

"Más allá de los pinchazos con autorización legal, acá hay serios antecedentes que revelan que más de 6 mil millones de pesos tuvieron una autorización aparentemente fraudulenta por parte de ProCultura", recalcó el opositor.

Su par socialista Raúl Leiva relevó que el fallo de la Suprema "da cuenta de que el obrar fue arbitrario e ilegal, y en mi opinión, reafirma la disposición del fiscal nacional al reasignar esta causa, justamente para proteger el desarrollo de la misma".

"Esta causa sigue adelante: sólo esta medida intrusiva y sus resultados quedan fuera del proceso a través de este amparo", añadió el oficialista.

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