"La resolución causa agravio a esta parte", dijo el nuevo fiscal regional a cargo de la causa, Juan Castro Bekios, en su apelación ante la Suprema.
Tal como lo anunció el martes, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recurrió a la Corte Suprema tras el fallo judicial que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas por su par de Coquimbo, Patricio Cooper, a Josefina Huneeus en la investigación del caso ProCultura.
Castro Bekios encabeza la referida indagación ya que Cooper fue removido de la misma por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo interpuesto por Huneeus -exesposa de Alberto Larraín, fundador de ProCultura-, en el marco de los pinchazos ordenados por el persecutor coquimbano a su celular.
Según publica La Tercera este jueves, la apelación refuta los planteamientos del tribunal de alzada, acusando que hubo "agravio" y que el fallo contenía expresiones "que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político".
El escrito apunta contra la fundamentación de la Corte de Apelaciones, criticando "la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho".
"Es evidente —indica el recurso— que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada. Por lo pronto, son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político; o bien, y en caso que se discrepe de la naturaleza de las mismas, resulta necesario consensuar que, a lo menos, son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico".
Agrega que "la resolución apelada causa agravio a esta parte, toda vez que dejó sin efecto las resoluciones de fecha 16 de octubre de 2024, 06 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025, todas dictadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, sólo en aquello que concierne a la amparada Josefina Huneeus Lagos y, en consecuencia, declaró la ilegalidad de las mismas, de las diligencias y resoluciones que de ellas se derivaron y disponiendo la eliminación de los antecedentes investigativos obtenidos a partir de los actos declarados como ilegales, privando así al Ministerio Público del uso de toda aquella evidencia".
Esta mañana, Castro Bekios señaló que "los argumentos los vamos a hacer valer ante la excelentísima Corte Suprema y en los términos que le hemos planteado precisamente en el recurso y con las expresiones que lo hemos hecho precisamente en el recurso. Será allí donde el Ministerio Público va a hacer valer sus antecedentes con el objeto de buscar revertir una decisión que, a juicio del Ministerio Público, nos causa agravio y que, por lo tanto, esperamos pueda ser revertida".
En el ámbito político, la Unión Demócrata Independiente (UDI) expresó preocupaciones sobre la debilidad de la Fiscalía tras la remoción de Cooper, aunque valoran la apelación y esperan que "resulte victoriosa".
"Nosotros valoramos que la Fiscalía apele. Creemos que es una buena señal. Ahora, siempre creímos que lo debe haber hecho en forma instantánea y que lo debe haber hecho el fiscal Cooper, porque, ¿qué ocurre si se acoge la apelación con el fiscal Cooper? Esa es la pregunta que queda abierta. Nosotros hubiésemos esperado que fuera el fiscal Cooper el que presentara la apelación y ya no está", dijo el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general del gremialismo.
Por otro lado, el Frente Amplio (FA) ha optado por un enfoque de respeto al proceso judicial.
"Es razonable que la Fiscalía utilice mecanismos institucionales para defender su actuar. La Corte Suprema es la que tendrá que resolver ahora en su mérito, siendo lo más relevante el punto sobre la ilegalidad de las interceptaciones", afirmó Andrés Couble, secretario general del partido del Presidente Gabriel Boric.
De visita en Colchane (Región de Tarapacá), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), destacó la necesidad de no dejar el caso ProCultura en la impunidad y de investigar a los responsables, respetando siempre la ley.
