El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva al psiquiatra Alberto Larraín, principal imputado en el caso ProCultura.
El líder de la cuestionada fundación -que se adjudicó más de 1.600 millones de pesos del Gobierno Regional Metropolitano para la ejecución de un programa de prevención del suicido llamado "Quédate"- fue detenido el viernes y desde el sábado estaba siendo formalizado por fraude al fisco.
Esta noche de martes, al cabo de la cuarta jornada de presentación de cargos, el juez de garantía Patricio Álvarez resolvió dejarlo sometido sólo al arraigo nacional (prohibición de salir de Chile).
Misma medida cautelar resolvió para las imputadas María Constanza Gómez (exrepresentante legal de ProCultura), María Teresa Abusleme (directora de Estudios de la fundación) y Evelyn Magdaleno (exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano); mientras que a un quinto formalizado, Gabriel Prado (pareja de Abusleme), se le impuso previamente el arresto domiciliario total.
El magistrado estimó que no existen antecedentes concluyentes de un concierto entre los acusados para defraudar al fisco, y tampoco consideró que su libertad represente un peligro para la seguridad de la sociedad.
La argumentación del Ministerio Público se centró en que la fundación ProCultura no tenía las competencias necesarias para materializar un convenio como el que suscribió con el GORE y, por ende, no estaba en condiciones de ejecutarlo.
Sin embargo, la contraparte hizo presente que éste pasó por la tramitación correspondiente, incluyendo comisiones y el Departamento Jurídico del Gobierno Regional, además de la toma de razón de Contraloría. Estos antecedentes llevan a concluir que la organización sí era elegible.
Otra complejidad de la imputación dice relación con la calidad de funcionario público. Al ser ProCultura una entidad de derecho privado, el tribunal indicó que podría haber estafa, apropiación indebida o administración desleal, pero no fraude al fisco, como acusa la Fiscalía.
El resultado de la extensa audiencia fue valorado por el abogado defensor de Alberto Larraín, Cristián Arias: "Es una resolución extremadamente contundente y bien fundada, que destaca que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar, de los antecedentes que se expusieron en la audiencia".
Para Arias, esto demuestra que "lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio".
"Lo otro importante es que (la resolución) establece claramente que el proyecto, o los proyectos que en ese momento hacía ProCultura, eran proyectos reales; que... bueno, (tras estallar el caso) no pudieron seguir desarrollándose, pero todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla", enfatizó el defensor del psiquiatra; en su momento cercano a Gabriel Boric.
El tribunal dio un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, y se prevé que la Fiscalía apele tras el revés de esta noche.
