Los alegatos del abogado de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, dieron inicio a la tercera jornada de formalización en contra de la exministra y otrora vocera de la Corte Suprema, quien es acusada por la Fiscalía de los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del caso "Muñeca bielorrusa".
El Ministerio Público pidió al tribunal su prisión preventiva, lo que se resolverá mañana viernes al mediodía.
El jurista inició su exposición detallando las irregularidades desde la notificación inicial por parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial. Según el defensor, la indagación se activó simplemente por "aparecer mencionada en conversaciones sostenidas en la plataforma denominada WhatsApp", lo cual consideró un fundamento insuficiente para una persecución de tal magnitud.
Ante lo que calificó como una "grave vulneración", Valladares confirmó que el caso ya escaló a instancias internacionales. "Mi representada ha reclamado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esto, trámite que se encuentra pendiente con una ampliación de plazo a tres meses para que conteste el Estado de Chile", señaló el abogado.
"Lo que estamos sosteniendo, y para que no haya margen de duda, es que no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal. Y si no se reúne eso, entonces no puede ser utilizado. La regla es así de sencilla", puntualizó.
Por lo demás, observó que "ambas decisiones institucionales, la del pleno de la excelentísima Corte Suprema y la resolución que da inicio a la investigación del señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, toman como punto de partida lo que consta en recortes de prensa. Lo que decimos es: ¿Es posible que la investigación penal se inicie a partir de recortes de prensa?".
"Ese es el punto, nada más, porque lo tradicional no es eso, sino que haya una denuncia, una querella, o en definitiva, que sea motivado por lo que antiguamente se conocía como el auto cabeza de proceso. Con todo el respeto que me merece, la investigación periodística no está sujeta a las mismas reglas que la investigación penal", insistió el letrado.
"Hubo una camotera institucional"
Con ello, Valladares añadió que "no podemos, su señoría, decir que esto no ha estado asesorado jurídicamente. Estamos hablando precisamente del máximo tribunal de la República, que por cierto en sus votaciones finales donde se promueve la destitución y el inicio del cuaderno de remoción y luego la destitución, había ministros que incluso habían participado en las votaciones de las causas por las cuales particularmente el caso de Belaz Movitec".
"Aquí parece que hubo una verdadera camotera institucional donde, en definitiva, Ministerio Público y el Poder Judicial, las emprenden a partir de la información aparecida en los medios de comunicación social", enfatizó.
Valladares añadió que "tampoco podemos decir que el señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, no fue asesorado, porque al pie de firma de las resoluciones aparecen la media firma o la mosca y las iniciales de responsabilidad del director de la Unidad Anticorrupción, que es don Eugenio Campos Lucero, y además, correlativamente, la del abogado que estuvo a cargo de la redacción, que es don Hernán Libedinsky Moscovich, quien hoy día además es fiscal regional de Aysén", personas "de la confianza absoluta" de Valencia.
Valladares añadió que el delito de cohecho que se le acusa a Vivanco no se configura como tal, pues, en el relato de la Fiscalía, falta -según él- el momento de ofrecimiento y aceptación del soborno.
"Al menos resuelvan que si esa coima fue antes o después de haberse incumplido las obligaciones. Si su Señoría examina las imputaciones, ninguna de ellas lo propone; por lo que ya tenemos que no se satisface uno de los importantes requisitos del delito de cohecho", argumentó el defensor.
"Estamos en un Estado de Derecho y, para poder defendernos, por lo menos dígannos cómo fue (el soborno). 'Oye (Vivanco), te pasaste, no te inhabilitaste (de la causa de CBM) y ahí tienes un premio por eso, pero no te lo vamos a entregar a ti, sino a tu pareja (Migueles)'. Eso es lo que nos propone Fiscalía, es caricaturesco", expresó.
La acusación de la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que la destituida magistrada recibió una millonaria coima en dólares para favorecer judicialmente al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.
El ente persecutor sostiene que el soborno llegó a sus manos gracias a la intermediación de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos actualmente en prisión preventiva-, que representaban a CBM en el referido litigio; esquema en el que también participó el esposo de Vivanco, Gonzalo Migueles.
Asimismo, Fiscalía denuncia que Vivanco no se inhabilitó de participar en las causas referentes a CBM pese a sus vínculos con Lagos y Vargas; que aceleró la tramitación de recursos a favor del consorcio; y que, posteriormente, lavó los dineros obtenidos.
Por último, durante la segunda audiencia de formalización realizada el martes, el Ministerio Público expuso que la otrora magistrada coincidió, en varios viajes, con al menos un integrante del directorio de CBM.
A la espera de que concluya esta primera etapa, Vivanco permanecerá recluida en una sección especial de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín, debido a su situación penal "de alta connotación pública", dijo Gendarmería.
Debate por la bullada declaración de Lagos
Durante esta semana, la divulgada declaración de Eduardo Lagos puso en una situación compleja a la defensa de Vivanco, al confirmar gran parte del modus operandi sospechado por el ente persecutor.
Sin embargo, los abogados de la exministra afirman que ésta no podía ser ponderada durante la formalización, ya que además de no estar firmada, Lagos se querelló contra el fiscal por supuestos apremios ilegítimos durante la diligencia, recurso legal que todavía no es resuelto.
No obstante, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, respaldó su uso, detallando el contexto en que fue registrada durante las réplicas de hoy: "Esta declaración fue solicitada por el abogado defensor del señor Lagos, quien solicitó previamente realizar un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público, el que efectivamente suscribimos, y en el cual él iba a prestar declaración. Incluso, en la solicitud se habla de confesar".
"Una vez finalizada la declaración, se procedió a la revisión de su contenido por parte del Ministerio Público, el abogado defensor y el propio imputado, comenzando éste a querer realizar cambios sustanciales a su contenido, que había (entregado) el día anterior, lo que provocó discrepancias entre éste, el señor Lagos, y su abogado defensor", aclaró la encargada de la causa.
