Al cabo de cinco días de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago impuso este viernes la medida cautelar de prisión preventiva al exdiputado y exmilitante de la UDI Joaquín Lavín León.
El exparlamentario (lo fue hasta marzo de este año) fue imputado como autor de los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Estos hechos de corrupción fueron cometidos, supuestamente, durante la gestión de su esposa Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú. En el marco de la investigación de la Fiscalía, se describió la figura de "Lavín Jr" como una especie de "alcalde en las sombras".
La conducción de la extensa audiencia estuvo en manos del juez de garantía Daniel Urrutia Laubreaux, cuyas reiteradas opiniones públicas en terreno político contingente -además de algunas decisiones propiamente judiciales, pero controvertidas- han llevado a que políticos de derecha lo califiquen abiertamente como "un activista de izquierda"; cuestión que también se hizo presente durante los últimos días.
El magistrado acreditó que "el imputado Lavín se ha constituido a la fecha como el principal inversor y cliente del proyecto, concentrando directamente cerca del 56% de las facturas emitidas por Modo 74 (desarrolladora del software), equivalentes a aproximadamente 106 millones de pesos de un total de 109 millones de pesos".
"El 44% restante -esto es, 84 millones de pesos aproximadamente- corresponde mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI a quienes el propio imputado Lavín ofreció y vendió directamente el proyecto, incluyendo además a su cónyuge -5%, que corresponde a 10 millones de pesos- y a su padre -2%, equivalente a 3 millones de pesos-, quienes rindieron dichas facturas como gastos de campaña ante el Servel", señaló el magistrado.
Joaquín Lavín León es hijo del exalcalde, exministro y excandidato presidencial UDI Joaquín Lavín Infante, cuyo nombre también salió al ruedo durante esta semana en el tribunal como posible beneficiario de las acciones impropias descritas por la Fiscalía, que no descartó la opción de ampliar la indagatoria hacia él.
Red de corrupción
El juez Daniel Urrutia justificó la decisión de dejar en prisión a Lavín León y a su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez, afirmando que "de ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, estamos frente a una red de corrupción".
El magistrado afirmó que "el diputado imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo. Como bien señalan varios autores expertos en corrupción, la corrupción no es un problema de 'manzanas podridas', sino de 'huertos capturados'".
El juez Urrutia añadió que "cuando el cargo público se percibe como propiedad privada del político, se anula la función pública y se instala un sistema de impunidad estructural. La red de funcionarios garantiza que el desvío de fondos no sea detectado, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una verdadera organización criminal".
Así, añadió, "la corrupción legislativa no solo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas, dejando al ciudadano en un estado de indefensión frente al poder desviado".
"La red de funcionarios no solo comete un fraude al fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales", puntualizó Urrutia quien agregó que "la gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen 'macrocriminalidad'".
Defensa: "El tribunal tenía resuelto (el fallo) desde el inicio"
El posible sesgo político del magistrado fue aludido, tras su resolución, a la salida del Centro de Justicia, por el abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, quien declaró: "El tribunal no nos escuchó".
"El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que presentamos. Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante cinco días. Así que, por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar de acuerdo a los que son más idóneos y, honestamente, por el tenor de la resolución, no me cabe ninguna duda de que esto es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia", señaló el jurista.
"No sé cuál sería la red de corrupción. No entiendo cuál es la red de corrupción. ¿Un diputado que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre proyectos de ley? ¿Eso es la corrupción? No sé, yo creo que no", agregó Bonacic.
"Producción sistemática" de ilícitos "mantenida en el tiempo", acusa Fiscalía
La fiscal Lorena Parra explicó que la eventual defraudación total, entre boletas ideológicamente falsas y contrataciones de personal a través del Congreso que, en la práctica, realizaban labores de carácter electoral, ascendería a los 240 millones de pesos: "Los delitos por los que se formalizan dan cuenta de una estructura de corrupción, tal como lo ha señalado el tribunal", explicó.
"Recordemos que se formaliza, por ejemplo, por el delito de cohecho, por el delito de fraude al fisco y eso da cuenta de una producción sistemática mantenida en el tiempo, en donde se realizan distintas maniobras que generan un perjuicio importante al Estado y a los ciudadanos de este país, y eso es de la máxima gravedad", indicó la persecutora.
El exparlamentario Lavín fue acompañado hoy en su comparecencia por Cathy Barriga, quien durante los últimos años alternó varios periodos de prisión preventiva y arresto domiciliario.
Una vez que Urrutia dictó la prisión preventiva para él y su exasesor Arnaldo Domínguez, salió esposado de la sala.
Bonacic espera que la medida cautelar sea cumplida en el anexo penitenciario Capitán Yáber, al que suelen caer los imputados por delitos de carácter económico, pero aquella decisión corresponde a Gendarmería.
A través de un comunicado, Gendarmería informó que Lavín León fue trasladado a Capitán Yáber, tal como esperaba Bonacic. Domínguez, por su parte, fue recluido en Santiago 1.
Vodanovic: Prisión de Lavín León "demuestra que acusaciones estaban lejos de ser inventos o persecución política"
El actual alcalde de Maipú, el frenteamplista Tomás Vodanovic, se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que "la prisión preventiva dada como medida cautelar al ex diputado Joaquín Lavín demuestra una vez más que nuestras acusaciones estaban lejos de ser inventos o una persecución política, sino que existían elementos contundentes para pensar en la comisión de delitos graves en instituciones públicas".
"Como municipio seguiremos colaborando con el proceso investigativo, confiando en las instituciones y el debido proceso, y esperando sanciones ejemplificadoras en caso de comprobarse culpabilidad. Defender las instituciones públicas y la democracia es tarea de todos, y como municipio cumpliremos nuestro rol hasta las últimas instancias. La corrupción se combate siempre", declaró la autoridad comunal.
En tanto, el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, recordó que Lavín acusó "al alcalde Vodanovic de una persecución política", puesto que "fuimos la primera institución, tanto en el caso de la exalcaldesa (Barriga) como en el caso del diputado Lavín, de presentar una querella criminal en su contra".
"Fueron gestiones que dimos cuenta en la audiencia a través de correos electrónicos, a través de poner funcionarios en funciones críticas y así lograron desmantelar el municipio, lograron poner personas particulares para favorecer sus intereses", sostuvo.
En ese sentido, el jurista valoró que "después de todos estos años de trabajo y de habernos dado la razón en que habían antecedentes contundentes de que habían ocurrido ilícitos graves en el contexto de la Municipalidad de Maipú, estamos muy conformes con la resolución del magistrado Urrutia".
