La diligencia responde a la causa penal derivada del informe de Contraloría sobre mal uso de fondos en el gobierno regional metropolitano.
Previa coordinación, el gobernador entregó los dispositivos a la Fiscalía y Carabineros.
Personal de Carabineros y de Fiscalía incautó una serie de dispositivos tecnológicos pertenecientes al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, diligencia que tuvo lugar la mañana de este lunes.
Si bien un tribunal aprobó órdenes de entrada y registro en las dependencias de la autoridad regional y en su domicilio privado, previa coordinación con la defensa, se acordó la entrega voluntaria de un teléfono y un computador.
La diligencia tiene relación con la causa penal derivada de un informe de Contraloría, que advirtió un eventual mal uso de fondos del gobierno regional en beneficio de su campaña a la reelección.
Según una declaración enviada por Orrego, éste, "a través de sus abogados, ofreció voluntariamente declarar y poner a disposición de la Fiscalía su celular y sus dispositivos electrónicos, para colaborar en todo el proceso de la investigación. Hoy se hizo entrega de tales dispositivos".
"De la misma forma, su equipo accedió a entregarlos de forma voluntaria, como le fuera expresado la semana pasada a la Fiscalía, por los abogados del gobernador. Aclaramos que la diligencia no se trató de un allanamiento, dado que no hay una orden judicial, sino de una entrega voluntaria, coordinada con la Fiscalía", enfatizó la nota.
El propio gobernador reafirmó más tarde durante un punto de prensa que "queremos que esto se esclarezca a la brevedad, y tenemos la certeza de que esta investigación va a comprobar que hemos actuado siempre correctamente y conforme a derecho".
La fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, complementó que "se había hecho la solicitud (de una orden de registro) al tribunal; sin embargo, no ha sido resuelta y no fue necesaria, ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios: correos electrónicos, autorizaciones. Se extrajo la información directamente del servidor".
La persecutora aclaró además que en esta causa, el gobernador es imputado por el delito de fraude al fisco.
Por otro lado, la bancada de consejeros regionales de la UDI, que impulsará un proceso de destitución de Orrego paralelo al iniciado por Republicanos, cuestionó que la autoridad emplazara al gremialismo a enviarle antecedentes para formarse un juicio sobre un conflicto de interés acusado por ese partido.
En concreto, la UDI objeta la contratación por trato directo desde el GORE de la empresa Ajem Consultores, que recibió cerca de 110 millones de pesos por apoyar la revisión de proyectos, pues el dueño de la consultora es socio en otra compañía con la asesora Mayuri Reyes, cercana al gobernador desde el 2005.
El jefe de la bancada gremialista, Álvaro Bellolio, aseguró que la información requerida por Orrego en una entrevista fue enviada el sábado: "Le enviamos los nombres de las empresas, el RUT, el número de la escritura en el Diario Oficial, la fecha de publicación, y él mismo agradeció. Por eso nos sorprende que muestre un poco la falta de control que tenía sobre estos procesos en la Gobernación Regional", planteó el core.
Al respecto, Bellolio señaló durante esta jornada que "están todos los abogados en la medida de lo posible. Hay muy buenos abogados en los partidos y ellos verán también forma fondo y la robustez. Para ir al Tricel sí o sí hay que trabajar en conjunto porque no hay ninguna bancada que por sí sola tenga 12 firmas. Entonces, hay que trabajar.
Consultada sobre esta arista, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) comentó que "cualquier hecho respecto al uso de recursos públicos debe ser transparentado: hay una investigación de por medio, y él además tiene medidas para defenderse".
"Lo que me importa es que el uso de los recursos públicos sea para lo que se define desde la ley, es decir, para el servicio de la población chilena", remató.
Por otro lado, los consejeros decidieron constituir una comisión investigadora, cuya composición será sorteada este miércoles.
Al respecto, la consejera y jefa de bancada de Renovación Nacional, Valeria Ponti, señaló que "la comisión de control regional, así se llama por estatuto, que es una comisión fiscalizadora, fue aprobada, se planteará en este plenario la composición que es mediante un sorteo que se realiza de los 34 consejeros y son electos cinco. Esta va a durar 45 días hábiles posteriores a su constitución".
