Rosario Navarro señaló que "se puede hacer aún más" para agilizar las autorizaciones y "dar mayor certeza jurídica".
La reforma enfrenta una reserva de constitucionalidad en el TC.
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La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) manifestó su satisfacción tras la aprobación en el Congreso de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, popularmente conocida como la reforma a la permisología.
El proyecto, que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de evaluación de permisos para impulsar las inversiones y disminuir la burocracia, fue despachado a ley el martes, tras un proceso legislativo que se inició en enero de 2024.
La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, calificó la aprobación de la iniciativa como "un primer paso importante y necesario que nos desafía a seguir trabajando en esta línea".
La dirigenta puso como ejemplo la reducción del tiempo para el otorgamiento de permisos para una desaladora, que pasaría de ocho a seis años. Aunque esto "es un avance", enfatizó que "se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de organismos del Estado" y en "dar mayor certeza jurídica a los inversionistas".
La reforma incluye mecanismos clave para lograr estos objetivos. Se incorporarán normas mínimas de tramitación con plazos máximos obligatorios y la figura del silencio administrativo positivo, que implica la aprobación tácita de una solicitud si no hay respuesta en un plazo determinado.
Además, se habilitarán técnicas alternativas como la declaración jurada para permisos de bajo riesgo, según explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau.
"Esto va a tener un efecto principalmente en proyectos de bajo riesgo. Por ejemplo, en la actualidad, cuando alguien quiere expandir un restaurant, le toma ocho meses las autorizaciones requeridas y a propósito de este proyecto le va a tomar dos meses", señaló el secretario de Estado.
"Esto también va a tener un efecto en grandes proyectos de inversión, por ejemplo, una línea de transmisión, como los servicios ahora van a poder estar dedicados a evaluar solo los permisos que involucran más riesgos. Eso va a permitir que con la misma gente que hay en la actualidad los más de 40 servicios sectoriales que están a cargo de estos permisos puedan enfocarse totalmente a las autorizaciones de mayor riesgo y, por lo tanto, van a poder responder a tiempo", agregó Grau.
La normativa también contempla la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía, encargada de coordinar y monitorear el sistema, y la implementación de una ventanilla única digital a través de la plataforma "Súper Sistema Unificado de Permisos".
Un punto de tensión en el debate legislativo fue la insistencia del Ejecutivo en que la agilización de los trámites se lograra sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por algunos sectores del oficialismo, con diputados socialistas acusando una "verdadera desorientación ideológica" del Gobierno.
La controversia escaló al punto que uno de los parlamentarios realizó una reserva de constitucionalidad a varios artículos del proyecto. Esto implica que dichas disposiciones deberán ser revisadas por el Tribunal Constitucional (TC), lo que podría añadir un nuevo capítulo al proceso de implementación de esta esperada reforma.
