La contralora general de la República, Dorothy Pérez, solicitó al Senado transformar en proyecto de ley una batería de propuestas normativas que fortalezcan las atribuciones de control que tiene su institución en la administración del Estado.
Pérez expuso sobre los faltantes normativos durante una sesión especial en la Cámara Alta, dedicada al escándalo por el mal uso de licencias médicas en el aparato público, consignó El Mercurio este jueves.
Fue el propio presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien instó a la contralora a enviarle "un documento con las solicitudes y cómo lo podemos transformar en proyectos de ley", oficio que llegó a la corporación en la víspera.
La norma sugerida por Pérez establece "causales objetivas de infracción, tales como que el beneficiario salga o ingrese al país; que emita boletas por prestación de servicios, o aparezca desempeñándose laboralmente con otro empleador en el lapso de reposo".
Asimismo, ofrece una suerte de comparado de las modificaciones propuestas a la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría, que incluye nuevas facultades legales para endurecer la normativa en el sentido de que, por ejemplo, la renuncia del funcionario no extinga su responsabilidad administrativa.
También propone poder conocer bases de datos necesarias para las fiscalizaciones, así como acceder directamente a los bancos, los estados de cuenta y antecedentes financieros de tales entidades, y facultades para aplicar de manera directa las sanciones en los sumarios que realiza el ente contralor.
Otra idea sugerida por Pérez es que, en caso de que se propongan sanciones contra alcaldes o gobernadores, la institución pueda remitir los antecedentes o interponer la denuncia respectiva ante el Tribunal Electoral Regional.
El Gobierno fue informado respecto de las eventuales modificaciones a la ley que rige a la CGR, por si alguna de esas propuestas requiere de su patrocinio. Por otro lado, la contralora pidió acelerar la tramitación de cuatro proyectos de ley actuales referidos a la probidad.
Diputada RN: La Contraloría debe fiscalizar
"La contralora ha sido muy categórica en que se necesita no solamente más recursos para tener más personal, más fiscalizadores, sino que particularmente, tener mayores facultades, mayores atribuciones", puntualizó la diputada Camila Flores (RN).
La opositora relevó que, con la normativa actual, "la Contraloría no va a poder revisar si es que la sanción que se le aplique a ese funcionario público corresponde o no, si es lo suficientemente lesiva o ejemplificadora, o no, porque no tiene facultades para eso".
"Lo que uno espera es que se aplique el máximo rigor, y para tener un órgano autónomo, objetivo, distinto a los propios servicios que van a llevar adelante estos procesos disciplinarios, tiene que ser la Contraloría quien fiscalice", zanjó Flores.
La parlamentaria lo declaró después de que su bancada se anticipara al Senado, ingresando un proyecto con las sugerencias normativas de la contralora la noche del miércoles, tras recibir esta información el lunes, en una reunión entre las partes.
De esta manera, la Cámara Alta deberá analizar si se suma a esa iniciativa o presenta la suya y posteriormente se refunden. En todo caso, las modificaciones a la norma vigente requerirán quorum calificado (26 senadores y 78 diputados) para su aprobación.
Siguen las críticas a la superintendenta de Seguridad Social
Por otro lado, senadores oficialistas y de oposición quedaron disconformes con la comparecencia de la titular de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Pamela Gana, ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta, quien volvió a ser citada a esa instancia, junto con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
Para el UDI Sergio Gahona, "no es correcto pretender culpar sólo a la Compin y a Fonasa" de la baja fiscalización de licencias mal utilizadas, observación que se debe a que Gana remarcó que son esas instituciones las que se dedican a controlar ese tipo de casos.
"La Suseso tiene facultades, y a mi impresión, no ha actuado como corresponde. Eso debe decirse con claridad: sí se podía fiscalizar y no se hizo. Razones pueden haber muchas -falta de personal, déficit de recursos, en fin-, pero me parece que culpar sólo a otras instituciones no es lo más correcto", enfatizó el opositor.
Por su parte, la directora de la Compin, Valeria Céspedes, resaltó su trabajo colaborativo con la Suseso: "Desde 2022, implementamos un plan estratégico de control de fiscalización a grandes emisores, lo que junto a otros factores, logró revertir en 2023 la tendencia histórica al alza en la emisión de licencias, y reducir en un 53% el número de grandes emisores".
"Además, durante 2024, tras detectar situaciones similares a las dadas a conocer por la Contraloría, la Compin inició un plan coordinado con la Junji, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y nuestra propia Subsecretaría (de Salud Pública). Los resultados preliminares arrojaron 302 incumplimientos de reposo por licencias falsas, doble empleador, y también por salidas del país", recordó la autoridad.
