La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha una investigación especial sobre el eventual uso irregular de viviendas fiscales por parte de trabajadores públicos del Ministerio de Bienes Nacionales y funcionarios del Ejército, lo que es valorado desde la Cámara Baja.
La problemática salió a la palestra tras un hecho policial cuando, durante el mes de agosto, en el aeropuerto de El Loa (Región de Antofagasta) se detuvo a un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) supuestamente vinculado al Tren de Aragua, cuya vivienda alojaba armas y permitía el tráfico de drogas y la prostitución.
Posteriormente, se revelaron otros casos como el de un jefe provincial de Bienes Nacionales en Ovalle -y expareja de la seremi de Coquimbo-, que habitó una vivienda fiscal por más de un año sin concesión o acto administrativo.
"Me parece bien que la utilización de las viviendas fiscales se haga conforme a la normativa vigente. Por lo tanto, de existir irregularidades, obviamente, la investigación determinará si es que hay que iniciar los sumarios correspondientes, porque es una situación grave", dijo el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida.
"Al final del día, son viviendas que el Estado administra y, por ende, con mayor razón tiene que cumplirse a cabalidad con la norma", añadió.
En la misma línea, su par de Acción Humanista (AH) Tomás Hirsch subrayó que "el uso irregular de viviendas fiscales es algo totalmente inaceptable. Es un abuso que tiene que ser investigado; por lo tanto, se apoya totalmente la investigación que está haciendo Contraloría".
"Creo que deben determinarse quiénes son los responsables de esta situación y, por cierto, (adoptar) las sanciones que correspondan en el plano civil e incluso en el plano penal. Además, estas casas tienen que estar al servicio de funcionarios que realmente las requieren y no como una regalía para alguien que se quede instalado ahí", expresó.
Contraloría también informó que, adicionalmente, desarrolla un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa sobre la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales a las que pueden optar los empleados públicos.
ANEF dice que un "porcentaje mínimo" de funcionarios transgrede la norma
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se refirió al tema su presidente, Helmuth Griott, en El Mercurio, donde defendió: "No estamos para tolerar los abusos, pero como pasó con las licencias médicas, el porcentaje de funcionarios públicos que infringe las normas en el cumplimiento de sus funciones es mínimo".
Para los trabajadores del Estado, la atractividad de ocupar una vivienda fiscal recae en el bajo precio que deben pagar por su arriendo: por ley, los funcionarios pagan una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo que ocupan.
Los requisitos para postular a un inmueble de este tipo son ser un funcionario de planta -que tiene preferencia por sobre los de contrata-, trabajar en la localidad donde se ubique la residencia y que la persona o su cónyuge no sean propietarios de un hogar en la zona, según explicitó Bienes Nacionales al medio citado.
La cartera también señaló que, en caso de incumplimientos, existen sanaciones como el cobro correspondiente al uso del inmueble fiscal, el término inmediato del beneficio y el inicio de procesos disciplinarios.
