"El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes", advirtió el titular de la cartera.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, volvió a defender este martes el procedimiento de rebaja de condenas, en medio de la controversia por los decretos que beneficiaron a 57 sentenciados por delitos sexuales.
Luego de que se conocieran antecedentes que advertían sobre el riesgo de reincidencia en al menos dos casos, el secretario de Estado sostuvo que la evaluación de estos datos corresponde a una comisión especializada y no directamente a la autoridad ministerial.
"Es importante entender cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista", dijo Rabat.
El ministro recordó que el sistema actual "data de 2003 y ese riesgo siempre ha estado latente".
Entre las medidas que analiza el Ministerio de Justicia se encuentra incorporar más especialistas a las comisiones encargadas de evaluar las rebajas de condenas y otorgar el carácter de "antecedente calificado" a los informes elaborados por Gendarmería.
Posteriormente, Rabat insistió en que "este es un debate que hay que seguir con altura de miras, no puede hacerse puntos políticos con situaciones como estas, es en Gendarmería y en las comisiones respectivas donde se conocen los informes relacionados con el condenado que solicita la rebaja, no en el Ministerio de Justicia".
"He sentido el respaldo, no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y de los senadores, porque la instrucción ha sido muy precisa, a esta situación se le pone coto inmediato, porque nunca más va a haber un condenado por abusos sexuales que goce de esta rebaja de condena", agregó.
Más temprano, el subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, confirmó en El Diario de Cooperativa que 57 reclusos han quedado en libertad beneficiados durante la actual Administración, mientras que alrededor de 270 obtuvieron rebajas de condena durante el periodo anterior.
"Hasta donde yo tengo entendido, (de los 57) están todos libres", señaló.
Arenas afirmó que el Ejecutivo busca tener "de aquí a la próxima semana una ley que corrija de fondo este tema" y afirmó que se están explorando "todas las fórmulas posibles" para revertir "todas" las libertades otorgadas, aunque admitió que se trata de una tarea "es muy difícil", pues "no es cosa de llegar y revocar un derecho que ya se otorgó".
