El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció que existen demoras en el proceso de destrucción, en servicios de salud, de drogas incautadas por las policías, lo que fue denunciado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez.
La autoridad advirtió estas deficiencias durante su discurso en Enade 2025 ayer martes, cuando indicó se han detectado algunos casos de "drogas guardadas por más de un año pese a que, por ley, tenían que ser incineradas en 24 o 48 horas".
El antecedente generó preocupación, en especial por el récord de incautaciones logrado en los últimos años: sólo en 2024, Carabineros decomisó más de 37 toneladas de droga, total que subió a 39 toneladas con los operativos realizados entre enero y septiembre de 2025.
"Por los niveles de incautación, hay una demora en la entrega de esa droga a los servicios de salud, principalmente por la capacidad de destrucción que tiene el Estado", admitió este miércoles el ministro Cordero.
No obstante, aseguró que "este tema le ha preocupado principalmente al Presidente de la República, quien ha dado instrucciones muy específicas en el contexto del Gabinete Pro Seguridad". Por ejemplo, "se han destinado recursos del Plan Nacional contra el Crimen Organizado para adquirir hornos adicionales, porque la droga tiene que ser destruida bajo determinadas condiciones".
"De igual modo, el Presidente ha instruido el envío de un proyecto de ley que permita un criterio para que quien incaute, destruya" las sustancias decomisadas, anunció el titular de Seguridad Pública.
La contralora también adelantó ayer la publicación de 16 nuevos informes de auditorías, los que demostrarán falta de infraestructura -como los mencionados hornos-, así como fallas de registro y diferencias de peso de lo incautado.