La diputada por la Región de O'Higgins Natalia Romero (independiente-UDI) y la concejala Teresita Reyes oficiaron a la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo (independiente), para exigir una serie de antecedentes respecto a la presunta instrucción que habría entregado su administración a diversos funcionarios municipales para limpiar viviendas donde recientemente ocurrieron muertes en circunstancias trágicas y violentas.
De acuerdo con la parlamentaria y la edil, durante el mes de mayo se registraron al menos tres fallecimientos en hechos de sangre que provocaron gran conmoción entre los vecinos, no solo por la crudeza de lo ocurrido, sino también por la posterior descomposición de los cuerpos y las complejidades sanitarias que ello implicó.
Sin embargo, lo que más les preocupa es que, según testimonios recabados, funcionarios municipales sin preparación profesional ni psicológica habrían sido instruidos para asear y limpiar dichas viviendas, generando un shock emocional entre algunos de ellos.
"En los últimos días hemos tomado conocimiento de una situación gravísima: funcionarios municipales que no fueron contratados para este tipo de labores, ni cuentan con preparación ni con elementos de seguridad, habrían sido forzados a realizar tareas altamente sensibles y emocionalmente desgastantes. Esto no solo pone en riesgo su salud física y mental, sino que también podría constituir una vulneración de sus derechos laborales", advirtió Romero.
Ante esto, la legisladora ofició formalmente a la jefa comunal solicitando la cantidad de funcionarios involucrados, informe del prevencionista de riesgos del municipio, registro de los elementos de seguridad e higiene entregados a los funcionarios, información sobre si existió capacitación previa o posterior, entre otras cosas.
Por su parte, la concejala Reyes también pidió explicaciones a la alcaldesa, manifestando su preocupación por el impacto emocional que esta situación ha generado al interior del municipio. Según informaron, existiría temor entre los funcionarios a represalias o incluso a perder su empleo, lo que ha dificultado una denuncia más abierta.
"Queremos saber quién dio la orden, por qué se tomó esa decisión y qué resguardos se consideraron. Pero, por sobre todo, queremos que se proteja la salud mental y física de estos trabajadores, que hoy se sienten vulnerados y desprotegidos por su propia administración", concluyó la diputada.
Romero ya advirtió que, de no obtener antecedentes satisfactorios, evaluará llevar la situación ante la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Seguridad Social.
