Las bancadas opositoras ingresaron un paquete de propuestas para modificar el proyecto económico del Gobierno, con foco en empleo, vivienda y contribuciones.
En paralelo, la Corte Suprema alertó sobre los efectos de normas ambientales que podrían comprometer recursos públicos.
La discusión del proyecto de reconstrucción del Gobierno entró en una etapa clave en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de un debate marcado por más de 1.300 indicaciones y por la presentación del documento "Chile para todos", impulsado por la oposición para modificar aspectos centrales de la iniciativa.
El texto fue elaborado por parlamentarios del Partido Socialista (PS), Frente Amplio, Partido Comunista, Partidos por la Democracia (PPD) y Partido Liberal, quienes consensuaron 10 medidas orientadas a corregir materias relacionadas con empleo, vivienda y financiamiento estatal, en medio de críticas al diseño original del proyecto.
Entre las propuestas figura reemplazar el subsidio directo a empresas para retención de trabajadores por un subsidio unificado a la contratación formal, además de incorporar sala cuna universal como incentivo al empleo.
En materia habitacional, los diputados plantearon cambiar el foco de las medidas desde el IVA a la vivienda hacia mecanismos que faciliten el acceso al crédito hipotecario.
El diputado del PPD Héctor Ulloa explicó que "el gran problema no está necesariamente en el valor de la vivienda, sino que está en el acceso al crédito hipotecario".
El parlamentario precisó que que buscan ampliar el fondo de garantía estatal para permitir financiamiento de hasta el 90% del valor de las viviendas -actualmente es de un 80%-, además de proponer subsidiar tasas o dividendos hipotecarios.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito confirmó que su bancada apoyará las normas relativas a reconstrucción tras los megaincendios, pero adelantó que "vamos a rechazar la invariabilidad tributaria, la reintegración y también vamos a defender el crédito tributario a la capacitación".
"Como bancada también hemos realizado 55 indicaciones para proponer mejoras y que dicen relación, primero, con levantar de una vez por todas el secreto bancario", concluyó el diputado.
En paralelo, la Corte Suprema también entró al debate tras emitir observaciones sobre las disposiciones medioambientales incluidas en el proyecto.
El máximo tribunal advirtió que algunas normas podrían convertir al Estado en una especie de asegurador general del riesgo regulatorio de inversiones privadas, obligando eventualmente al fisco a responder con recursos públicos si proyectos aprobados políticamente terminan siendo invalidados por tribunales.
Al respecto, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper sostuvo que las observaciones del máximo tribunal son "atendibles" y planteó la necesidad de "encontrar un equilibrio entre medidas precautorias y después un aseguramiento ex post que termine perjudicando al Estado".
