Después de una compleja tramitación, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general las modificaciones del Senado al proyecto de ley de reajuste al sector público, el que de este modo, quedó despachado este miércoles.
En su tercer trámite constitucional, la propuesta obtuvo 122 apoyos y 4 rechazos en la votación general, ratificando así el aumento de 3,4% para los sueldos, bonificaciones y aguinaldos de los empleados fiscales, pero dejando afuera las normas que la oposición denomina de "amarre".
Por ejemplo, se cayó definitivamente el criterio de confianza legítima, mediante el cual el Gobierno saliente buscaba que funcionarios a contrata tuviesen derecho a reclamar ante la Contraloría por un despido injustificado al tener cinco años de antigüedad, así como la obligación de fundar en un acto administrativo los motivos del despido.
Si bien el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que 130 normas misceláneas se aprobaron y sólo 15 fueron rechazadas, lamentó que "no logramos obtener los votos ni acá ni en el Senado en lo relativo a evitar arbitrariedades y tener mayor transparencia en la forma en que se renuevan las contratas".
"Probablemente va a seguir siendo un desafío para las siguientes administraciones, porque sólo en el Gobierno central, hay 287 mil personas a contrata y 70% de ellas entraron el 2024 por concurso; es decir, no es gente que entra a un Gobierno, sino que entra a trabajar al Estado, y probablemente va a ser un rol de ustedes, y también de la sociedad civil, estar muy atentos respecto de cómo evoluciona el empleo público en la próxima administración", emplazó el jefe de la billetera fiscal.
Por otro lado, Grau confirmó que al contener algunas normas que se votaron por separado y que tenían quórum de carácter constitucional, el proyecto debe pasar por el Tribunal Constitucional antes de que el Presidente Boric pueda promulgarlo.
Derecha insistió en sus reparos
Las votaciones separadas contaron con apoyo de diputados de oposición, pero estos también redoblaron sus críticas hacia el proyecto, sobre todo en vista de que la norma de imputación al gasto, que permitiría a cada repartición financiar el reajuste de sus empleados, se cayó en la Cámara Alta.
"El reajuste que llegó del Senado no tiene financiamiento. El Consejo Fiscal Autónomo y la contralora (Dorothy Pérez) advirtieron el riesgo fiscal", fustigó Miguel Mellado (ind-Republicanos) durante el debate.
A su vez, el libertario Johannes Kaiser alertó que "el déficit que genera este Ejecutivo, y que el próximo no ha criticado con la fuerza y voluntad que yo habría considerado necesaria, va a significar que en otra parte van a faltar los recursos, o vamos a tener que endeudarnos más".
Por su parte, el diputado UDI Daniel Lilayú arremetió contra las propuestas misceláneas de la Administración saliente: "Lo que hace el Ejecutivo es aprovechar los plazos acotados de una ley de reajuste para forzar la aprobación de normas que no resistirían un debate serio, profundo y transparente. Esta forma de legislar no sólo es inaceptable, sino que vulnera principios básicos de probidad".
"En aras del tiempo, claramente voy a votar a favor (del proyecto completo), pero no en respaldo a este Gobierno, sino que como una señal de responsabilidad fiscal con los trabajadores del sector público", aclaró el gremialista.
Oficialistas se cuadran con el proyecto
En la contraparte, el socialista Juan Santana usó su intervención para objetar el rechazo opositor hacia el fondo del proyecto: "Cuando durante años se ha buscado desacreditar el rol del Estado, y cuando vuelve al centro del debate la pregunta de cuánto Estado necesita Chile, resulta imprescindible reafirmar una convicción fundamental: es el Estado y sus trabajadores quienes permiten corregir, aunque sea parcialmente, la profunda desigualdad que vive nuestro país", aseveró.
En la misma línea, la diputada frenteamplista Camila Rojas relevó que en el marco de los incendios forestales, "policías, funcionarios municipales, trabajadores de la salud y brigadistas de Conaf trabajan sin descanso por responder a la emergencia: todos y cada uno de ellos son funcionarios públicos".
"Y después de que pase la emergencia, también serán trabajadores del Estado los que deberán acudir en respuesta a las familias", puntualizó.
Finalmente, Marta González (ind-PPD) admitió que "me preocupa lo que pasó (en el Senado) con artículos de la libertad sindical", acusando que "se quiere corroer o limitar la práctica del gremialismo y de la libertad sindical con derechos adquiridos".
