En Cooperativa, el candidato independiente aseguró que es el inicio de un "escándalo de Estado que tendrá consecuencias" por lo que considera una "persecución política".
"No quiero que ningún chileno padezca lo que yo viví", dijo.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunció que tomará acciones tras ser exculpado de todos los cargos en el caso SQM, después de un proceso judicial que se extendió por 11 años.
El exdiputado, junto a otros imputados, fue absuelto ayer por la Justicia, lo que el otrora líder del PRO calificó como el fin de un "calvario" y el inicio de un "escándalo de Estado que tendrá consecuencias".
El cineasta fue enfático en señalar que buscará mecanismos para que "ningún chileno padezca lo que yo viví".
"Anuncio que esto tendrá consecuencias, por el bien de los chilenos. Mi calvario no me lo devuelve nadie. La tortura, nadie. Buscaremos la fórmula y lo haré a partir de hoy, como candidato y también como sujeto de derecho en estado de inocencia ratificada en dos juicios penales orales, que ningún compatriota padezca lo que yo viví. No sé si un ser humano puede soportar lo que yo viví", sostuvo.
Durante una década, el Ministerio Público indagó a Enríquez-Ominami por delitos tributarios en el caso SQM, específicamente por la facilitación de facturas ideológicamente falsas de la sociedad de su exasesor Cristián Warner a la minera no metálica.
La Fiscalía lo acusó de haberse coordinado con su excolaborador para facilitar estas boletas por un monto que superaba los 391 millones de pesos. No obstante, después de casi tres años de juicio, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó el martes veredicto absolutorio para ME-O y Warner, además de otros seis acusados por más aristas del caso SQM, incluido el exministro Pablo Longueira.
Actualmente, Enríquez-Ominami corre por su quinta carrera presidencial a La Moneda luego de sus intentos en 2009, 2013, 2017 y 2021.
ME-O subrayó que el veredicto fue "contundente" y, citando a la propia jueza, señaló la "incongruencia", el "desorden procesal" y la violación al derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. "No encontraron nada porque no había nada", indicó el candidato, agradeciendo a quienes creyeron en su inocencia.
El aspirante a La Moneda apuntó directamente a los fiscales y a servicios del Estado por lo que considera una "persecución política". Acusó que 28 persecutores, abogados de Impuestos Internos (SII) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se dedicaron a "construir causas" en su contra. "La condena era el plazo. El truco de los fiscales era tenerme en este caso 11 años proscrito", afirmó.
Una de las críticas más duras de Enríquez-Ominami fue dirigida al SII. Aseguró que fue el único líder político de todas las campañas investigadas en el caso SQM al que la entidad le interpuso una querella, lo que, a su juicio, evidencia una "arbitrariedad y sesgo" por parte de los servicios públicos con la intención de destruir su carrera.
Respecto a las reacciones en redes sociales y columnas que insinuaron "impunidad anunciada", ME-O admitió que "el objetivo era matar mi reputación y lograrlo. Ese fue el objetivo y lo lograron", y lamentó que ninguno de quienes lo "fusilaron" políticamente haya tenido la "nobleza" de pedirle "perdón" tras su absolución.
"Me dijeron corrupto. Me encantaría, si fueran gente noble, (pero) creo que no lo son, no tienen nobleza. Con los mismos deditos con que me insultaron y escribieron artículos, ahora me gustaría leer (sus disculpas), 11 años después", expresó.
El candidato también propuso una profunda reforma al Ministerio Público, derivado de las fallas que experimentó en carne propia. Sus propuestas incluyen la "elegibilidad directa por sufragio universal de los fiscales regionales", la creación de "un Consejo de la Magistratura para el nombramiento de jueces", y la implementación de una estructura jerárquica que dote al ente persecutor de un "jefe" o autoridad, pues "es intolerable que la Fiscalía no tenga jefe".
En Cooperativa, Enríquez-Ominami defendió su franja electoral, que ha generado polémica al incluir imágenes de los presidenciables de derecha -Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (José Antonio Kast)- vestidos de militares, junto a escenas del bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
"Esa es la verdad. La verdad es que no condenan el bombardeo a la Moneda", justificó el candidato, que también acusó que "el truco de este Gobierno incompetente y de la izquierda cobarde que me acompaña es que han logrado validar que el golpe de Estado fue necesario".
ME-O señaló que su franja solo expone un "juego de máscara" de la clase política que evita tocar temas incómodos y factuales de la historia reciente de Chile, y retó a sus adversarios, incluyendo a Kast, Kaiser, Matthei y Franco Parisi (independiente), a desmentir que les avergüence el bombardeo a La Moneda, afirmando que nunca han expresado un arrepentimiento genuino. "Bombardear un palacio presidencial fue un hecho de la historia", declaró, insistiendo en que "la verdad es muy importante para construir diálogo".
Finalmente, criticó al Gobierno de Gabriel Boric porque, a su juicio, "para los 50 años del golpe validó la teoría de los dos demonios y dijo, el Presidente y la candidata oficialista también, 'todos somos responsables'... No, no, yo no soy responsable ni acepto que la izquierda tenga una sola responsabilidad, pero ninguna, de la barbarie de la dictadura. Ninguna".
Enríquez-Ominami reafirmó su compromiso con una agenda de corte liberal, manifestando su apoyo a la eutanasia y la legalización del aborto, asegurando que mantendrá los proyectos de ley del actual Gobierno en el Congreso.
ME-O, quien se declaró "el primer autor de la historia de Chile de una ley de aborto", argumentó que su postura se basa en la libertad individual: "Soy un liberal y creo que el Estado no debe decidir sobre la muerte y la vida, ni en el aborto", aseveró, calificando la postura de Parisi, Kast, Kaiser, Matthei como "una contradicción", pues "se declaran liberales pero son completamente antiliberales".
"¿Cómo va a estar usted a favor de que una mujer se vaya presa si decide sobre su vida sexual y reproductiva?", apuntó.
En el debate migratorio, ME-O propuso un enfoque matizado y de "respuestas complejas a problemas complejos". Rechazó la "simplificación" del debate por parte de la derecha, y si bien señaló que es imposible expulsar a todos los inmigrantes irregulares que ya están integrados al país (como aquellos con hijos chilenos), se mostró partidario de la expulsión inmediata de indocumentados que sean delincuentes, incluso proponiendo el uso de un avión de la FACh para ello.
Además, planteó la necesidad de implementar medidas de control de fronteras más estrictas, con tecnología como drones y sistemas biométricos, para los 240 kilómetros que van desde Colchane hacia el norte.
Consultado sobre el despliegue de las FF.AA. en la frontera vía decreto, Enríquez-Ominami dijo: "No me parece mal frente a la crisis migratoria, me parece que estamos entrando en una crisis de confianza y de miedo muy importante. Yo no le tengo miedo. Soy hijo de alguien asesinado por militares hace 51 años y no vivo de los traumas del pasado. Como Jefe de Estado, trabajaré con los militares mano a mano para combatir a quien quiera arriesgar nuestra soberanía y buscaré fórmulas más exigentes".
Propuso buscar un acuerdo masivo con Bolivia para la devolución de inmigrantes irregulares que cruzan la frontera de manera descontrolada, algo que actualmente es "muy limitado con cuota". Concluyó que la migración es una "realidad" y que la solución no puede ser la "brutalidad" ni la simplificación.
Respecto a la situación en la Macrozona Sur, ME-O se mostró crítico con el uso del Estado de Excepción, señalando que al llevar cuatro años, "es absurdo".
Si bien reconoció que el despliegue de las Fuerzas Armadas "tiene una gran valoración" en provincias como Malleco y Arauco, abogó por "buscar una fórmula" de solución distinta y más integral. Manifestó su apoyo a la aplicación "total y absoluta" del Convenio OIT 169 y a "abordar los temas de pobreza en La Araucanía".
