El diputado socialista Daniel Manoucheri calificó de "vergonzoso" que ministros del Tribunal Constitucional (TC) nominados por el Presidente Gabriel Boric votaran a favor de destituir a la senadora Isabel Allende por la fallida compraventa de la casa de su padre, el fallecido Mandatario Salvador Allende (1970-1973).
La decisión del organismo se adoptó por ocho votos a favor y apenas dos en contra, lo que puso fin a la carrera parlamentaria de tres décadas de la histórica militante del Partido Socialista (PS) La medida entrará en vigor una vez que se notifique oficialmente a la senadora.
En el PS molestó en particular los votos a favor de la destitución de las ministras Daniela Marzi y Nancy Yáñez, ambas cercanas al Frente Amplio y designadas por el Presidente Boric.
La defensa de Allende apelaba también a los votos de Alejandra Precht y María Pía Silva (cercanas a la DC). El empate, esperaban, forzaría a Marzi a dirimir el futuro de Allende.
Sin embargo, la opción de rechazar su destitución fue apoyada sólo por los ministros Catalina Lagos y Mario Gómez.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, anunció que el partido hará "un análisis del fallo cuando lo conozcamos".
"Está toda nuestra solidaridad con Isabel Allende, con su familia y, sobre todo, con el legado del presidente Allende, que trasciende a esta situación coyuntural", agregó la timonel socialista.
"Vergonzoso"
Al respecto, el diputado PS sostuvo que "es vergonzoso que los miembros del Tribunal Constitucional nombrados por el Presidente Boric y el miembro propuesto por la DC votaran alineados con la red de Hermosilla en el TC, absolutamente fuera de derecho".
Manouchehri, además, remarcó que "la figura de Salvador Allende no se mancha con maniobras políticas. Su legado está en la historia y en la conciencia de un pueblo. Isabel Allende es intachable".
En la misma línea, el diputado socialista Daniel Melo apuntó que "hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia".
La controversia empezó a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.
Esta operación consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, y una de las hijas de Salvador Allende, la senadora Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.
A fines de marzo, el Presidente Boric prestó declaración de forma voluntaria y presencial en la investigación judicial abierta por esta caso, indagatoria que busca esclarecer un presunto fraude al fisco en razón de los contratos que iban a firmarse.
Además de la casa de la familia Allende, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) para transformarla en un museo, propuesta que no tuvo buena recepción y sufrió múltiples críticas por parte de la oposición.
A las pocas semanas, Boric cesó por esta polémica a la entonces ministra de Bienes Naciones, Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió la exjefa de la cartera de Defensa Maya Fernández, después de que la oposición presentara una acusación constitucional contra ella, que fue desestimada.