La vocera (s) del Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a un artículo de Ex-Ante que indicó que, en el marco de la arista ProCultura del caso convenios, el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, solicitó intervenir el teléfono celular del Presidente Gabriel Boric, pero que dicha solicitud fue rechazada por un juzgado.
La portavoz de La Moneda destacó la importancia de proteger las conversaciones de los jefes de Estado por su potencial impacto en la seguridad nacional y pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, que aclare si la solicitud de intervención fue efectivamente hecha o no.
"Las conversaciones que tienen los jefes de Estado son conversaciones que, en muchos casos, son, por ejemplo, con presidentes de otros países y, por lo tanto, por esta razón, por la naturaleza que tienen las conversaciones de los jefes de Estado en general, es que tienen un estándar de protección que es más alto, porque, si son conocidas por terceros, podrían eventualmente comprometer la seguridad nacional. Y esa es la gravedad del asunto", dijo Etcheverry.
"Es por eso —añadió— que lo que esperamos -y estamos a la espera de aquello- es que el Ministerio Público, el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda confirmar o negar este trascendido de prensa, porque, por ahora, lo que tenemos es simplemente eso: un trascendido".
El fin de semana, La Tercera reveló un "pinchazo" al teléfono del ex jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi, también en el marco de la causa ProCultura, donde este aparece señalando que la exsenadora Isabel Allende (PS) hizo gestiones para la compraventa de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), en Providencia.
