La organización de víctimas envió una carta al Presidente en la previa de su visita al Vaticano.
Demandan que la Santa Sede se comprometa a denunciar formalmente los crímenes ante la justicia chilena y a crear un fondo de reparación.
A pocas horas de la visita del Presidente Gabriel Boric al Estado Vaticano para reunirse con el papa León XIV, la Red de Sobrevivientes de Chile alzó su voz este sábado con una carta en la que solicitan al Mandatario chileno una serie acciones durante su viaje.
La organización, que agrupa a víctimas de abusos de la Iglesia Católica y otras instituciones, pidió al Jefe de Estado que aproveche la instancia con el pontífice estadounidense-peruano para requerir "el cumplimiento de algunas cuestiones básicas de la relación entre dos estados soberanos", poniendo el foco en los delitos de abuso y violencia sexual perpetrados por agentes eclesiásticos.
En su misiva, publicada este sábado, la Red de Sobrevivientes expresa su "profundo dolor" y considera la visita presidencial, "en el tono en que la describe previo al viaje", como "otro golpe sobre una herida abierta que usted prometió atender".
Las víctimas pidieron que el Vaticano "ponga a disposición de la justicia de nuestro país los archivos existentes, tanto en Chile como en la Santa Sede, o en otros lugares del mundo, referidos a los delitos de abuso y violencia sexual (...) sin importar cuándo sucedieron".
Recordaron el "informe Scicluna-Bertomeu" de 2018, el cual -acusaron- "fue sacado como valija diplomática fuera del país, y su contenido permanece secreto", agregando que "acceder a esos datos es el mínimo de dignidad que Chile merece".
Asimismo, exigieron que la Santa Sede "se comprometa formalmente a denunciar ante la justicia chilena los crímenes mencionados", los cuales "hasta la fecha siguen encubiertos bajo el alero del derecho canónico, el cual no es una razón en suelo chileno para excusarse de esconderlos de fiscales y tribunales".
La Red demandó que León XIV "instruya a todo miembro del clero y autoridad en espacios católicos (...) a colaborar con la justicia chilena, y denunciar con celeridad los delitos de abuso contra infancias en todos los entornos eclesiásticos", argumentando que actualmente no lo hacen y "se escudan en la instrucción superior vaticana".
Finalmente, instaron a "comprometer en forma explícita a la Iglesia Católica en Chile (...) a no volver a proteger ni encubrir a sus funcionarios abusadores denunciados, y en forma transparente crear un fondo para reparar a las víctimas".
La carta enfatiza que "el abuso a las niñeces y adultos vulnerables dentro de instituciones es tortura, y así lo define Naciones Unidas", y recordó que Chile ratificó en 1996 la "Convención De Belem Do Pará", que establece que "la ausencia o negligencia del Estado conforman el mismo crimen".
Además, citó que en 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó a Chile a "establecer una comisión de la verdad independiente, imparcial y adecuadamente financiada para examinar todos los casos de abuso de niños en entornos institucionales, incluido dentro de la Iglesia católica y en centros residenciales".
En este punto, la Red de Sobrevivientes criticó a Boric: "Usted no incluyó a los espacios eclesiásticos en la Comisión que anunció en diciembre de 2024, y al día de hoy su Gobierno no nos responde sobre los motivos de semejante discriminación".
Un aspecto que genera especial molestia entre las víctimas es la mención en la agenda oficial de una visita a la tumba del papa Francisco "para rendir homenaje a su legado".
La Red de Sobrevivientes calificó al fallecido pontífice argentino como "uno de los mayores encubridores de pederastia clerical a nivel global", considerando este gesto "sumamente revictimizante para las víctimas chilenas de dicho encubrimiento".
La carta concluyó haciendo el siguiente llamado: "Un Gobierno que se declara feminista y en favor de la niñez tiene la obligación de exigir estos compromisos básicos".
