El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, apuntó en Cooperativa que el mal uso de licencias médicas detectado en el aparato público por la Contraloría "falta a la probidad", y puede devenir en la destitución de los más de 25.000 funcionarios implicados.
"Rechazamos utilizar esta protección, este derecho laboral, como una justificación para tomar feriado legal", enfatizó el líder gremial en Lo que Queda del Día, relevando que estas irregularidades afectan la confianza, "que es algo que cuidamos mucho en el rol estatal, porque nos golpea y nos duele cuando estos hechos se instrumentalizan".
Pérez recalcó que "es un concepto que también está en el estatuto que nos rige como funcionarias y funcionarios públicos: esto es una falta a la probidad. Hay que decirlo claramente. Y por lo tanto, no vamos a defender lo indefendible y nos parece bien" que el Gobierno se apresurara en intervenir en este caso.
"El informe (del ente contralor) obliga a esos jefes de servicio, a los alcaldes y alcaldesas, gobernaciones, etcétera, para que inmediatamente se nombre un fiscal instructor exclusivo que realice los procedimientos regulares administrativos, y este fiscal, que es un profesional de estas dependencias, en poco tiempo, hace el contraste de la información que tiene la Contraloría, porque hay que ver también si efectivamente habían licencias médicas" al momento de que cada indagado se tomó vacaciones, explicó el dirigente.
Con todo, "destaco positivamente que en el Estado tengamos estos procedimientos. Que inmediatamente el fiscal que se nombra, y una vez que constata que hay este abuso de la licencia médica -que rechazamos categóricamente-, la máxima sanción que puede recibir un funcionario o funcionaria es la destitución, es decir, pierde el trabajo".
El presidente de la ANEF también valoró que la Fiscalía abriera una causa penal este jueves, puesto que "se le pagó el sueldo íntegro a ese funcionario o funcionaria, por lo tanto, no estaba ocupando la licencia médica para lo que es ese instrumento, sino que una licencia fraudulenta, y por lo tanto, tiene que hacerse cargo también de responder frente a la Justicia".
Contraloría abrió sumarios en tres reparticiones
Además de la indagación del Ministerio Público, el ente contralor reveló en esta jornada que, atendidos sus hallazgos, "esta entidad fiscalizadora ha iniciado un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa)".
El objetivo es "investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia", publicó el organismo en su cuenta de X.
Lo anterior, se suma a los sumarios que la Contraloría instruyó realizar al personal de 780 reparticiones que está involucrado en estas irregularidades.
