La totalidad de las bancadas de oposición anunció este miércoles la presentación de una acusación constitucional (juicio político) contra Diego Pardow, responsabilizándolo por los cobros excesivos realizados en las cuentas de la luz por un error de cálculo, escándalo que forzó la semana pasada su salida del cargo de ministro de Energía.
En una declaración pública conjunta, los jefes de comité manifestaron que "el alza injustificada y desproporcionada" que "ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro de Energía, Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al no adoptar las medidas necesarias para corregir oportunamente esta grave situación".
El texto enfatizó que "el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo".
Los diputados sostuvieron que "la constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder".
La oposición calificó esta conducta de "irresponsable e incompetente", afirmando que "no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado".
En virtud de estos antecedentes, los jefes de las bancadas de oposición han resuelto presentar la acusación constitucional "de manera indeclinable y en el más breve plazo posible" contra Pardow.
La presentación busca que el exministro "asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos".
Finalmente, la declaración subrayó que, si bien el país "requiere de respuestas claras y soluciones rápidas y efectivas que permitan reintegrar cada peso cobrado en exceso", "también exige que quienes permitieron este abuso respondan como corresponde".
Los firmantes concluyeron que el "daño que se ha provocado a la población es incalculable" y que "el principal responsable es el Gobierno".
Entre los suscritos, se encuentra la jefa de la bancada de diputados de Demócratas, Joanna Pérez, quien afirmó que "más allá de la salida del ministro, aquí tiene que haber una responsabilidad no solo política, sino técnica. Y por eso, tampoco vamos a faltar en nuestras firmas para lo que es la comisión investigadora".
Su par de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que "hemos tomado la decisión como oposición de presentar esta acusación constitucional la próxima semana, desde Republicanos hasta Amarillos. Y por lo tanto, requerimos que los parlamentarios del Gobierno no voten haciendo una defensa corporativa, sino que poniéndose del lado de los ciudadanos".
División en el mundo progresista
Desde el oficialismo, han surgido varias críticas al anuncio, y la bancada del Partido Comunista ya anunció que no apoyará la moción.
Para el senador socialista Tomás de Rementería, "continuar con una acusación constitucional para una persona que ya respondió a su responsabilidad política es un ensañamiento, porque lo que realmente hay que hacer es (lograr) que las empresas respondan por lo que (los usuarios) pagaron de más".
"La derecha quiere tirar una cortina de humo sobre el Gobierno para proteger a las empresas, como siempre. Nos parece que la discusión tiene que estar en los métodos de compensación", insistió el parlamentario.
En contraste, el jefe de la bancada de diputados DC, Héctor Barría, observó: "Cada día aparecen nuevas situaciones impresentables respecto al cobro excesivo de la luz. La comisión investigadora que estamos impulsando debe realizarse con el máximo de rigor, y si ello trae como consecuencia la acusación constitucional, no podemos descartarla a priori. Debemos estar siempre del lado de la gente".
Matthei "odia" la decisión, mientras que Jara defiende autonomía del Congreso
La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, dijo que presentar la AC contra Pardow "es una decisión de ellos (el Congreso), pero que yo la odio".
"Lo importante es que acá las familias ya pagaron (el sobrecosto), y eso no se lo va a devolver nadie. Por eso, esta AC es un acto de responsabilidad", sostuvo la exalcaldesa.
Por su parte, la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, señaló: "Creo que la Cámara Baja, que tiene la facultad fiscalizadora para determinar si da lugar o no a la AC -porque después el Senado actúa como jurado-, pues efectivamente tiene toda la autonomía para hacerlo".
"En lo que me respecta a mí, yo encuentro que el caso es grave", remató.