La oposición acusa que los criterios "van contra el espíritu" de la ley.
El Gobierno, en tanto, defiende su implementación y la Dirección del Trabajo afirma que entrega "certeza" en su aplicación.
Expertos apuntan a un eventual aumento del costo laboral producto de la reducción de la jornada.
Esta jornada entró en vigencia la segunda fase de aplicación de la Ley 40 Horas, en la que se rebaja la duración de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales; oportunidad en la que la oposición volvió a cuestionar los dictámenes de la DT -que norman la reducción- por ir "contra el espíritu" de la normativa.
Los mentados dictámenes son dos: el primero fija reglas supletorias en caso de que no exista acuerdo entre empleador y trabajador para adecuar la nueva duración del horario de trabajo.
El segundo dictamen, en tanto, aborda el artículo 22 inciso segundo del Código del Trabajo, que permite excluir del límite de jornada a trabajadores que, por la naturaleza de sus funciones, no están sujetos a fiscalización superior inmediata.
En este contexto, la senadora PC y una de las impulsoras de la ley, Karol Cariola, manifestó: "Han intentado manipular la implementación de la ley de distintas maneras, pero ésta es explícita en establecer que debe haber acuerdo entre el trabajador y el empleador" para reducir el horario.
En esa línea, "los nuevos criterios de la Dirección del Trabajo atentan contra el espíritu de la ley. Los dictámenes con los cuales hoy día están relativizando el acuerdo entre el empleador y el trabajador, le permiten al empleador tomar decisiones sobre la implementación de la ley sin el acuerdo del trabajador, argumentando tan solo que lo intentó. Eso no es lo que la ley establece", acusó.
"Además, estos nuevos dictámenes flexibilizan las excepciones, lo cual puede dejar fuera de la reducción de la jornada laboral a muchos trabajadores y trabajadoras", alertó la parlamentaria.
Desde la otra vereda, la diputada oficialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Ximena Ossandón (RN), afirmó que "el Gobierno está implementando el proyecto conforme a lo acordado" y subrayó que su aplicación debe resguardar el empleo.
"El Gobierno está implementando el proyecto de acuerdo a lo acordado y, justamente, esta aplicación conlleva una serie de acuerdos que normalmente se dan entre los empleadores y los empleados o los sindicatos, y es por eso que se han redactado unos dictámenes, sobre todo para aquellos servicios donde no hay jornada definida como el turismo, entre otros", explicó.
"Pero, en definitiva, la aplicación de la ley siempre tiene que proteger el empleo y esto se va a conseguir con normas de flexibilidad, para así no afectar la continuidad del mismo", sostuvo la diputada.
Por parte de la propia Dirección del Trabajo (DT), su director, David Oddó, explicó que "el mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja dentro de la jornada de trabajo".
"En caso de que no logremos ese acuerdo, la ley, y también nosotros como DT, hemos entregado normas claras para dar certeza sobre cómo aplicar esta rebaja dentro de una jornada laboral distribuida en cinco días en la semana, aplicando una hora en dos días; y, en jornada de trabajo de seis días, aplicando 50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos en un tercer día", indicó.
El economista y académico de la Universidad Católica, David Bravo, sostuvo que la reducción de horas elevará los costos laborales, especialmente en las pymes: "El gran problema lo tienen las empresas más pequeñas: las microempresas, las pequeñas empresas y en menor medida las medianas empresas, que es donde está el 90% de las empresas y donde se ha concentrado el rezago en el empleo", afirmó.
"Se trata de una situación que, por mucho que se haya podido prever, en los últimos dos años hemos visto que la situación del mercado laboral ha estado compleja", advirtió el experto.
En tanto, Cecily Halpern, especialista de derecho laboral y académica de la Universidad de Santiago, indicó que las pymes "se verán afectadas porque van a tener menos horas de trabajo por parte de sus colaboradores y, naturalmente, eso va a incidir en la productividad o en el nivel de producción que puedan esas entidades ofrecer".
