Los dueños de los terrenos donde se asienta la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso) en el Cerro Centinela, señalaron que miran "con cautela" las negociaciones con el Gobierno, debido a que desconocen la hoja de ruta que éste planifica de cara al desalojo o la legalización del lugar.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio nuevamente la orden de expulsar a los 10.000 habitantes que se encuentran en la toma, y debe hacerse efectiva el próximo jueves a las 10:00 horas, tras un incumplimiento del fallo el 31 de enero y la solicitud de una prórroga por parte del Ejecutivo en noviembre del año pasado, con el fin de gestionar una solución habitacional.
En este contexto, el lunes se realizará una reunión entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; y los dueños de los terrenos y sus abogados, para coordinar los detalles de la retasación de las tierras.
Sin embargo, los propietarios acusaron que, hasta el momento, desconocen el plan del Ejecutivo, y se enteraron de retasación a través de la prensa.
"Nuestra postura siempre ha sido de colaboración. Siempre hemos querido establecer un acuerdo, pero uno que resguarde los derechos de mis representados, como el de propiedad y precio justo, con una compraventa programada que involucre la cronología del proceso y garantías de parte del Estado", dijo Diego Pereira, abogado de uno de los dueños, que estará presente en la cita del lunes.
"Sin embargo, vamos con cautela (en las conversaciones) porque no tenemos aún una hoja de ruta que el Gobierno nos haya entregado antes de la reunión", señaló el jurista.
Hoy se establecen más de 40 cooperativas habitacionales
Por otra parte, la delegada ministerial del Minvu, Gloria Maira, y la dirigente del comité "Nuevos Aires" de San Antonio, Karina Ayala, sostienen este sábado otra reunión, destinada a constituir 46 cooperativas en beneficio de los residentes de la megatoma, además de concretar otros puntos respecto al posible desalojo.
"Hoy se empiezan a constituir las cooperativas acá en el Cerro Centinela, son un total de 46. No sé si la señora Maira ha recibido otras, pero lo último que sabíamos era que corresponde a ese número", dijo Ayala.
"Sin embargo, (a ella) se le van a exigir las explicaciones del caso, porque dijo en todo momento que el desalojo no era viable, que no ocurriría y que debíamos estar tranquilos", reparó la dirigente, preocupada por la perentoria orden judicial de la Corte de Valparaíso.
Por último, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, advirtió que ni el municipio ni la delegación cuenta con el personal policial necesario para hacer efectiva la orden judicial.
Por ello, "en el marco de evitar un conflicto social, de seguridad y humanitario, pedimos que exista un mayor plazo que permita a las partes seguir dialogando a fin de resolver esto. La municipalidad tampoco tiene recintos disponibles para acoger a 4.137 familias", dijo el jefe comunal.
