La Fiscalía Regional de Antofagasta anunció el viernes el cierre definitivo de la investigación por la causa unificada del caso convenios y presentó la acusación formal contra los siete imputados en la arista que involucra a la Fundación Democracia Viva, entre ellos la desaforada diputada Catalina Pérez.
El fiscal regional Juan Castro Bekios confirmó que, tras la breve reapertura solicitada por la defensa de Daniel Andrade, uno de los acusados, se cumplieron todas las diligencias requeridas y se procedió al cierre de la indagatoria.
"Se acusa por los mismos delitos de fraude al fisco reiterado en las cuatro aristas, y también hay delito de lavado de activo. Es exactamente la misma calificación jurídica, los mismos grados de participación y, por lo tanto, las mismas penas", detalló el persecutor,
"En definitiva, es la misma acusación que se había presentado antes", puntualizó Bekios, quien precisó: "La única diferencia que hay entre lo de hoy y lo que ocurrió previo a esa audiencia de reapertura, es que se incorporaron a la carpeta de investigación, a solicitud de una de las defensas, los antecedentes que esta estimó que faltaban".
Proceso de larga duración
El fiscal Bekios también adelantó que el juicio podría extenderse por varios meses debido al alto volumen de la causa, que incluye a cuatro fundaciones investigadas y siete imputados, además de diversos medios de prueba como documentos, mensajes de Whatsapp y correos electrónicos.
También se debe analizar la declaración de testigos, peritos y de los mismos imputados por los convenios firmados -por el Estado- con las fundaciones Democracia Viva, que asciende a los 426 millones de pesos; Fibra, por 430 millones; Fusupo, por 284 millones y TomArte, por 456 millones.
Tras presentarse la acusación, el siguiente paso es que el Juzgado de Garantía de Antofagasta fije una fecha para la audiencia de preparación del juicio oral, la última instancia antes del inicio del juicio en el Tribunal Oral en lo Penal.
